Rodríguez confirmó hoy a Efe este sobreseimiento, pero dijo que no se referirá al tema a fondo hasta más tarde cuando realice una conferencia de prensa, en la que presentará una serie de documentos relacionados al caso.
Los medios locales informaron hoy de que el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José dictó el lunes el sobreseimiento debido a errores y deficiencias en la acusación presentada por la Fiscalía, con la cual pretendía elevar el caso a juicio.
En noviembre de 2009 el Ministerio Público de Costa Rica acusó a Rodríguez, presidente entre 1998-2002, por el delito de peculado (desvío de fondos públicos) al vincularlo con el pago de comisiones a funcionarios públicos por parte de la reaseguradora inglesa PWS.
Según rezaba la acusación, la empresa intermediaria de seguros londinense PWS International habría llevado a cabo entre 1999 y 2002 pagos por 2,1 millones de dólares a funcionarios del Instituto Nacional de Seguros (INS) y del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), ambos estatales.
Hasta 2005, PWS era la única empresa habilitada para colocar entre reaseguradoras una póliza que cubre todos los bienes del ICE, el monopolio estatal de telecomunicaciones y electricidad.
También fueron acusadas otras nueve personas, ente ellas el ex presidente del INS Cristóbal Zawadzki, quienes fueron también sobreseídas junto a Rodríguez.
Esta era la segunda de tres causas de corrupción por las que ha sido acusado el exmandatario.
Por la primera, el exmandatario fue condenado el 27 de abril de 2011 a cinco años de cárcel por el delito de instigador de corrupción, en una repartición de dádivas de la firma francesa de telecomunicaciones Alcatel a funcionarios públicos costarricenses, para obtener un contrato estatal.
Sin embargo, tras impugnar la sentencia, el Tribunal de Apelaciones anuló el fallo en diciembre de 2012 y absolvió al expresidente, aunque el proceso le costó salir de la secretaría general de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 2004.
La otra acusación por corrupción fue presentada por la Fiscalía en agosto pasado y los tribunales aún no deciden si la elevan a juicio.
Este caso se relaciona con un presunto plan delictivo ideado a finales de la década de 1990 para desviar fondos del INS relacionados a empresas reaseguradoras internacionales.
Según la acusación, el plan consistía en inflar el valor verdadero de la prima real que le correspondía a las compañías reaseguradoras Transatlantic Re (EE.UU.), Mapfre (España) y Muenchener (Alemania).
Además, de acuerdo con la Fiscalía, se incrementó el corretaje que le correspondía a la compañía corredora de reaseguro como las firmas Aon (EE.UU.), Reimex (México) y Willis (Reino Unido).
Rodríguez y dos exfuncionarios del INS habrían dicho que el dinero era para capacitación de funcionarios del INS y aparentemente crearon un fondo paralelo, de cerca de 1,5 millones de dólares, del que sacaron provecho, según la Fiscalía.
Rodríguez ha dicho que no hay base jurídica para esta acusación y ha asegurado que confía en que será sobreseído.
