La intención del proyecto es declarar el estado de emergencia por tiempo indefinido, ya que en la legislación anterior se había establecido que solo sea por el término de 12 meses, lapso que se cumplió en abril pasado.
Según la explicación de los proyectistas en la exposición de motivos, pese a los esfuerzos que se realizan para el cumplimiento de los derechos humanos básicos de accesibilidad e inclusión de las personas con discapacidad, aún “existen numerosas deudas pendientes”, porque estas personas “enfrentan barreras que impiden su plena integración a la sociedad”.
“Muchas de ellas se encuentran en situación de pobreza y no reciben la ayuda que requieren”, señala la propuesta. Agrega que se deben adoptar medidas para mejorar la situación y sobre todo “actuar sin distinción de banderías políticas en defensa de todas aquellas personas que necesitan mayor presencia del Estado por encontrarse en situación de vulnerabilidad como es el caso de las personas con discapacidad”.