La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, designó a la fiscala de la Unidad Especializada en la Lucha Contra el Narcotráfico y Delitos Ambientales de Encarnación, Fátima Villasboa, para proseguir con el mayor caso de lavado de dinero del país que ocurrió en Ciudad del Este. Ella tendrá como coadyuvante a la fiscala de la Unidad Penal N° 17 de Asunción, Sede 1, Silvia Cabrera, quien supuestamente había cajoneado la causa durante dos años, llevándola al borde de la prescripción. Esto, teniendo en cuenta que el fiscal José Morínigo, quien últimamente llevaba la causa, fue trasladado a la Barrial 1 de Asunción.
Lo llamativo de las reasignaciones es que el caso ocurrió en Ciudad del Este –donde hubo movimientos bancarios consistentes en transferencias al exterior por un monto aproximado de USD 1.200.000.000–; sin embargo, la máxima responsable del Ministerio Público escogió como titular de la causa a una agente de Encarnación, y como colaboradora a Cabrera, quien ya llevó adelante dicho proceso penal cuando se encontraba en la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, donde supuestamente estuvo paralizado.
La fiscala Claudia Morys, quien asumió el antiguo lugar de Cabrera como fiscal anticorrupción, al percatarse que podía prescribir la causa, realizó más de veinte allanamientos en simultáneo durante dos días en firmas que serían de maletín, tanto en Ciudad del Este como Asunción, con ayuda de colegas, y se incautaron documentos, equipos informáticos y facturaciones; de esta manera, se interrumpieron los plazos.
Entre los mayores investigados aparecen Ricardo Galeano y Walid Amine Sweid, quienes están sindicados por los intervinientes como supuestos cerebros de toda la estructura logística.
También la carpeta fiscal refiere que las transferencias se realizaron a través del Banco Amambay (propiedad del presidente de la República, Horacio Cartes), BBVA, Banco Atlas, Sudameris Bank y Cambios Yrendagüe.
La denuncia fue realizada hace cuatro años, es decir, en el 2014, por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero. La institución resaltó en el escrito que había recibido 253 operaciones sospechosas realizadas por entidades bancarias. Sin embargo, a la fecha no hay imputados.
Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia hace un año que no resuelve la recusación contra la fiscala natural, Claudia Morys.
