Son siete los funcionarios del Ministerio de Salud Pública (MSP), entre nombrados y contratados, que están siendo investigados –internamente– en torno al frustrado proceso de compras de insumos médicos, procedentes de China, que tuvo como participantes a las empresas del clan Ferreira, Imedic SA y Eurotec SA.
Desde la Dirección General Anticorrupción y Transparencia (DGAT) de la cartera sanitaria, consideran que están dadas las condiciones para que los agentes del Ministerio Público llamen a tomar declaración –por lo menos en calidad de testigos– a los funcionarios sumariados y a los que están siendo investigados en el marco de las irregularidades observadas por la Contraloría General de la República (CGR). Esos expedientes, hasta el momento, están siendo juzgados en el marco de la comisión de “faltas graves administrativas”.
La Fiscalía reaccionó tras casi dos meses para empezar a investigar la denuncia –de presunta estafa, en grado de tentativa– presentada tanto por el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, como por un grupo de legisladores.
Esta semana se abrió una carpeta de investigación por los hechos punibles de contrabando, asociación criminal y producción de documentos no auténticos contra el líder del clan, Justo Ferreira, y su hija, Patricia Ferreira Pascottini, presidenta de Imedic SA. En el expediente también están sospechados algunos funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA). “No me va a extrañar que se empiece, ahora, a llamar la gente que está involucrada en el llamado en sí, a los funcionarios del Ministerio de Salud”, afirmó Engelberto García, director de la DGAT de Salud.
Sobre su dirección recayó la misión de tomar testimonios de los tres funcionarios contratados que tomaron parte en el Comité de Evaluación (CE): Los nombrados (ver infografía) están bajo sumario, a cargo del juez instructor Carlos Meza, quien tiene 60 días hábiles para expedirse. Es decir, hasta el 16 de setiembre.
A García le toca hacer un análisis “que nadie hizo hasta el momento”, dijo en alusión a los funcionarios que podrían aportar a la investigación penal. “Si yo ejerciera esa función (de fiscal) les entrevistaría a las personas que tuvieron participación. Pero depende mucho del supuesto hecho punible que esté investigando. Ahora, si va a ampliar la investigación a otros hechos, podría servir el testimonio de esas personas que estuvieron alguna participación. Por eso, no veo que haya un obstáculo para llamarles a los funcionarios de la institución (del MSP), si es que creen que pueden contribuir con investigación”, sostuvo.
Para la próxima semana tendrá –dijo– una definición sobre la posible sanción que se les impondrán a los funcionarios del CE.
“Tenemos que ver qué grado de responsabilidad administrativa tienen y si tienen alguna responsabilidad de establecer una sanción que puede ser una suspensión en días –sin goce de sueldo– hasta inclusive la desvinculación”, apuntó.
