La Fiscalía hizo un allanamiento en el Juzgado de Paz de la Catedral, en la ciudad de Asunción, investigando un desalojo de una vivienda ubicada en Luque, que presuntamente se hizo con orden falsa desde dicho juzgado.
Una comitiva, liderada por la fiscala Sandra Ledesma, junto a los fiscales Augusto Ledesma y Sophia Galeano, investiga un presunto juicio irregular de donde salió la orden para desalojar a una familia descendiente de españoles, quienes residían en la propiedad, que era la quinta del ex presidente José Patricio Guggiari. La vivienda inclusive fue demolida.
La orden emitida en abril tiene la firma de la jueza de Paz María Luisa Vera, fallecida el 27 de mayo de este año, por lo que también hicieron un allanamiento en la propiedad de la actuaria judicial Mouriel Vera (sobrina de la jueza), donde encontraron oficios con la misma firma. Se presume que un esquema criminal estaría detrás de este desalojo irregular y la actuaria sería convocada a declarar.
NO HAY EXPEDIENTE. Por su parte, en el allanamiento en el Juzgado, no se encontró el expediente del supuesto juicio.
“El Ministerio Público tenía sospecha que el expediente de desalojo, en el cual se había dado la orden, a lo mejor no existía. No encontramos vestigio del expediente. Hemos revisado el libro de entrada, biblioratos uno por uno, todo, inclusive el sistema de estadística y tampoco hemos encontrado una sola resolución”, explicó Ledesma.
Comentó que en la noche del jueves llegaron hasta la propiedad demolida y preguntaron a los ocho guardias quién les contrató. “Ellos no dieron información, no nos pudieron decir quiénes eran las personas que los habían contratado. Entonces quedaron detenidos con fines de declaración indagatoria”, dijo. Aseguró que la orden tuvo que saber salido del juzgado allanado, ya que tiene la firma del actuario y de la jueza fallecida.
Hasta el momento, los guardias y la actuaria están implicados en el caso, pero se sospecha que podría haber más funcionarios judiciales investigados. Se investiga supuesta producción de documentos no auténticos y asociación criminal. Lo más grave es que para el desalojo, el oficial de Justicia presentó una simple copia de la orden.
Por su parte, Mariano Sopeña (26), quien residía en el lugar con su madre y hermano, lamentó el hecho. “(Hicieron) con la simple aparente intención de herir, no entiendo ni quien ni por qué hizo”, dijo.
De una propiedad de 5 hectáreas en Luque fue desalojada una familia y demolida la vivienda. Pero se descubrió que no hay expediente alguno del juicio y que la orden es aparentemente fraguada.