El legislador fue imputado por la Fiscalía de Delitos Económicos por supuesta administración en provecho propio mientras se desempeñó como titular de la Industria Nacional del Cemento (INC). Se lo acusa de haber habilitado y entregado bolsas de cemento a empresas supuestamente pertenecientes a personas cercanas, hecho que el legislador niega rotundamente
El comunicado sobre el desafuero de Acosta llegó la semana pasada a la sede parlamentaria, pero el titular de la institución, Juan Bartolomé Ramírez devolvió el documento por un error en la resolución judicial.
La nota de la Cámara fue remitida a la jueza Lici Sánchez, encargada del proceso y se le explica que la resolución del juez Pedro Mayor Martínez envía el pedido a la Cámara de Senadores, y no a la Cámara de Diputados, por lo que pidió corregir ese punto para evitar su rechazo.
La magistrada tomó el caso tras la inhibición del juez Mayor Martínez, corrigió el error de su colega y remitió nuevamente el documento a la Cámara, que en la próxima sesión le deberá dar entrada por el pleno, para que la Comisión de Asuntos Constitucionales dictamine al respecto.
Otro caso que también está pendiente es el del colorado Carlos Núñez, imputado incluso antes de que asuma como legislador. Está investigado por la Fiscalía por evasión de impuestos, Hasta la fecha, gracias a chicanas jurídicas, su pedido de desafuero aún no llegó a la Cámara de Diputados.
La Cámara de Apelaciones se debe expedir primero.