Política

Derechos indígenas son pisoteados por órganos del Estado

 

El Informe de este año sobre la situación de los derechos humanos en Paraguay cuestiona duramente las violaciones sufridas por las comunidades indígenas en el país, particularmente con los violentos desalojos que tuvieron lugar este año, poniendo énfasis en el total abandono del Estado a proteger sus derechos, y el uso de la fuerza pública para desterrarlos.

Bajo el título de “Un año de violencia, exclusión y desalojos contra comunidades indígenas”, el artículo de Mario Barrios Cáceres, de la organización Tierraviva, pone alerta, en el Informe DDHH 2021, la grave situación de los pueblos originarios.

crisis. “La tasa de mortalidad indígena causada por el Covid-19 fue tres veces mayor que en el resto de la población, lo que evidencia la desigual afectación de grupos vulnerables debido a una denegación estructural de derechos. Las comunidades indígenas se vieron también afectadas por desalojos violentos que pusieron en riesgo la vida de sus integrantes, en especial, mujeres, niños y niñas. Los magros avances, como por ejemplo el Plan Nacional de Pueblos Indígenas, se ven desdibujados ante normas que aumentan las penas por hechos punibles y son utilizadas para criminalizar el reclamo de tierras”, dice el informe.

Además del gran número de casos de desalojos registrados este año contra comunidades indígenas, el estudio también señala los casos de casamientos forzados por parte de pastores de iglesias evangélicas.

La tierra. El informe señala la falta de acceso de los pueblos indígenas al derecho a la tierra en condiciones dignas, cuya traba principal es la desatención, demora e inacción del Estado en el proceso de restitución, reparación, legalización y regularización de tierras y territorios indígenas.

“El marco de impunidad propiciado principalmente por la inacción judicial, así como también la ausencia de seguridad jurídica y la falta de regularización de la propiedad/posesión acarrean como consecuencia violaciones contra la integridad física de miembros de comunidades”, indica Barrios.

Citando varios casos acontecidos de ataques con civiles armados dados este año contra comunidades indígenas, cuestiona la inacción de los órganos del Estado.

El informe también analiza la llamada Ley Zavala Riera, y analiza que la aplicación de la legislación se da más en contra de los indígenas, que para defender sus territorios.

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