El abogado Juan Sebastián Silguero, representante legal de Asunción Soluciones Ambientales SA, y el empresario Gianmarco Felippo, presidente de la Cámara de Empresas Constructoras de Obras Electromecánicas (Cecoel), denunciaron supuestas irregularidades dentro de un proceso de subasta de 1.586 transformadores de la ANDE.
La denuncia señala que, entre otros detalles, las 11 empresas fueron descalificadas de forma arbitraria el 22 de diciembre de 2025, a las 12:00, sin oportunidad de defensa ni subsanación, notificadas solo 20 horas antes de la subasta.
Los denunciantes señalan que el proceso registró una serie de irregularidades graves que atentan contra la “transparencia, igualdad y competencia leal, y evidenciando posibles delitos penales como colusión, direccionamiento y fraude al erario público”.
Asimismo, señalan una posible colusión por parte de las tres firmas que fueron precalificadas. Mencionaron que se trata de Di Trento Inversiones SA, RI SA y Oils Trader Paraguay SA, aparentemente vinculadas a la misma persona: Gabrielli Pergher Brunetta, quien aparece como representante legal común en resoluciones DGCCARN del Mades.
Tanto Sebastián Silguero como Gianmarco Felippo mencionaron que la subasta realizada resultó en la ausencia de puja real y adjudicación por un incremento ínfimo del 0,438% sobre el precio base (G. 4.745.983 adicionales a G. 1.015.054.017 + IVA). Asimismo, afirman que la subasta duró nada más que dos minutos y 16 segundos, con una sola oferta por cada empresa calificada. Aseguran que en subastas anteriores de la ANDE (ej.: vehículos en 2025), se obtuvo más del 500% del precio base.
Los denunciantes señalan que, además del incumplimiento de normas y regulaciones, llamó la atención que, en principio, se buscó que representantes de otras empresas que no fueron precalificadas no ingresen al salón en el que se realizó la subasta pública.
Asimismo, afirman que las empresas no pudieron acceder a detalles como el tipo de transformadores y otras características de los artefactos que iban a ser subastados.
Los denunciantes solicitan al presidente de la ANDE, Félix Sosa, que no firme la validación de la subasta y que se realice un nuevo llamado, permitiendo una “competencia real y sobre una base reglamentaria transparente”.
CONTRALORÍA Y CONACOM. El abogado Juan Sebastián Silguero informó que, ante las supuestas irregularidades, fue presentada una denuncia ante la Contraloría General de la República, mientras que además se solicitará la intervención de la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom).
El representante legal solicita a la Contraloría la realización de una auditoría interna urgente sobre el proceso de subasta, incluyendo revisión de toda la documentación, vínculos entre empresas y perjuicio patrimonial al Estado.
Asimismo, solicita que se recomiende a la ANDE la anulación de dicha subasta.
La subasta se enmarcó en la legalidad, asegura la ANDE
César Zena, responsable de la Dirección de Servicios Administrativos de la ANDE, dependencia que se encargó del proceso de subasta, aseguró a ÚH que la subasta se enmarcó en la legalidad. Afirmó que se priorizó el cumplimiento de requisitos medioambientales y se buscó que los transformadores en desuso no sean reacondicionados y vuelvan al mercado local.
El funcionario afirmó que todo el proceso se realizó con el acompañamiento del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), ya que se trabaja con equipos que contienen elementos contaminantes. Afirmó que la precalificación buscaba que las empresas que pujen cuenten con las correspondientes licencias ambientales.
Por otro lado, el director de Servicios Administrativos explicó que otras empresas no fueron precalificadas con la intención de evitar que estos transformadores regresen a la ANDE o se vendan de forma particular tras un reacondicionamiento.
“Queremos evitar que estos transformadores se reparen, se repinten y vuelvan a ser vendidos en forma particular al cliente, o inclusive entran en la línea misma de ANDE otra vez. Eso quisimos evitar. Digamos que por ese motivo fue la descalificación de algunas empresas que se dedican a la fabricación, por ejemplo”, explicó.
En ese mismo sentido, señaló que por esa razón se solicitó a empresas del rubro que presenten una declaración jurada de disposición final de los transformadores.
“Nosotros tenemos totalmente documentadas las notificaciones que le hicimos a la empresa, las publicaciones, todo eso está dentro del marco de lo que dice la ley de subasta pública”, respondió con relación a las supuestas irregularidades. Asimismo, dijo que la ANDE se encargó de revisar el aspecto técnico y no puede saber si las firmas están vinculadas entre sí.
