Un nuevo escándalo en el marco de las compras para la lucha contra la pandemia del Covi-19 toca las puertas del Gobierno.
Ello ocurre en momentos en que la ciudadanía expresa, en manifestaciones y a través de las redes sociales, su hartazgo por los supuestos excesos cometidos en nombre de la salud de la ciudadanía, por la falta de procesamiento a los responsables de supuestos negociados, y por el prolongado encierro obligatorio, con las consabidas consecuencias económicas.
Ayer, un grupo de diputados presentó una denuncia por supuesta sobrefacturación y otras irregularidades en la compra de 31 ventiladores pulmonares, por parte del Ministerio de Salud Publica, por vía de la excepción, operación realizada en abril pasado.
Los diputados Rocío Vallejo, Sebastián García, Sebastián Villarejo, Carlos Rejala, Tito Ibarrola, Kattya González, Norma Camacho, Jorge Brítez y Celeste Amarilla denunciaron irregularidades en la compra de los ventiladores pulmonares, en un proceso adjudicado a la firma Dysa Healthcare SA.
El monto de la adjudicación fue de G 8.115.800.000.
Las denuncia de las irregularidades, basada en un informe de la Contraloría, señala que se compraron los mencionados equipamientos a un precio superior a lo estipulado como precio de referencia, y con una diferencia del 30%.
Premura
“El plazo otorgado a los invitados para la preparación y presentación de las ofertas (5 horas hábiles) para un llamado cuyo objeto es el requerimiento de equipos de alta complejidad no es razonable”, remarcaron los diputados en la denuncia arrimada al Ministerio Público.
Expusieron que no se justifica la fijación del precio referencial de G. 220 millones por cada ventilador, cuando la compra fija como referencia tenía el precio unitario de G. 169 millones.
Según la Contraloría, el costo de la importación fue de G. 2.369.029.703, en tanto que el contrato con Dysa Healthcare SA fue por G. 8.115.800.000, registrándose una diferencia de G. 5.746.770.297 de ganancia para la mencionada empresa adjudicada.
En el escrito presentado por los legisladores de diferentes partidos de la oposición, estos solicitan que el Ministerio Público investigue el caso bajo los presupuestos de hechos punibles contra el patrimonio, pudiendo ser calificado primariamente como lesión de confianza.
Indican que las autoridades tenían la potestad de establecer los precios referenciales por contar con toda la documentación que hace a las importaciones y los precios de costo de los insumos.
Resaltan que, pese a ello, se estableció un precio referencial 30 por ciento más elevado que el que se venía pagando en el sistema, y todo ello sin justificación alguna, por lo cual conforme a todo lo expuesto, amerita la investigación de la Fiscalía.
Dudas
Esta nueva denuncia fue realizada cuando aún no se dilucidó quiénes fueron los responsables de la compra de insumos médicos adjudicada a la firma Imedic SA, y la de camas, otorga