La denuncia nombra a los senadores del Frente Guasu Hugo Richer y Sixto Pereira, además del senador del Partido Democrático Progresista (PDP) Pedro Santa Cruz, y se basa conforme a publicaciones de medios de prensa sobre una reunión que mantuvieron los congresistas con invasores de tierras en el asentamiento 1° de Marzo, de la localidad de Naranjito, Canindeyú.
“Estos hechos constituirían ilícitos de acción penal pública y atentarían contra los órganos constitucionales legalmente constituidos e intereses de organizaciones y personas particulares, que consideramos deben ser investigados, y, de encontrarse culpables, deben ser castigados”, menciona el escrito.
También indica que los invasores fueron alentados a seguir con la ocupación, ya que esta es la manera de “la recuperación de nuestras tierras y que correspondían a ellos”.
“En otros términos, estos legisladores dieron a entender que van a ir por la expropiación proponiendo violentar lo establecido en el art. 98 del Estado Agrario Ley 1863/02”, reza el documento.
Además, alegan que “estas expresiones instigan al conflicto, al enfrentamiento y a resistir, que de ser ciertas demuestran un profundo desprecio hacia las normas que vertebran la Constitución Nacional”.
Resaltan que la gravedad de las expresiones sube de punto al ser los indicados senadores de la nación, que juraron respetar la Constitución Nacional y las leyes de la República.
Pidieron a la fiscala Quiñónez abrir una carpeta de investigación y, de ser ciertos los hechos, sean castigados los culpables.
