El agricultor Alejandro Céspedes denunció ante la Fiscalía que está siendo víctima de invasión de inmueble por parte del intendente de Abaí, Cristian Acosta, y su padre, Aquilino Acosta. El conflicto es de larga data y en este momento está en juicio la posesión del inmueble, ya que los Acosta alegan que ocupan dicha propiedad desde hace 35 años. Las tierras están en la compañía Gaspar Cué de Abaí. El intendente buscará ser gobernador de Caazapá en las próximas elecciones. La hija y abogada de Céspedes, Daysi Céspedes, relató que en el 2016 el intendente inscribió en el Servicio Nacional de Catastro la propiedad como suya, en contubernio con la escribana Rosa María Rodríguez. En el certificado catastral se consignó la venta al intendente Acosta, falsificando supuestamente la firma de Céspedes, siempre según la denuncia. Luego, la hija y abogada de Céspedes mencionó que tras hablar con la escribana se anuló dicho documento en agosto de este año y la propiedad siguió figurando a nombre de su padre, según consta en los documentos. El abogado Félix Mereles, quien es también asesor jurídico de la Municipalidad San Juan Nepomuceno, dijo que se planteó un interdicto “en el que estamos reclamando la retención de la posesión de mi cliente sobre el inmueble que ha poseído por más de 35 años”. Precisó que en este tipo de juicios no se discute la propiedad sino el derecho de posesión. Mereles presentó una demanda en nombre de Aquilino Acosta por interdicto de retener posesión e incluso cuestionó al agricultor por hacer uso de la propiedad, “despojándolo de la misma a mi cliente”.
“Ellos nunca han hecho ningún acto posesorio en la propiedad porque mi papá nunca dejó de poseer”, resaltó Daysi Céspedes y mencionó que para presentar la demanda el intendente contaba en su poder el título del Indert, el cual nunca se le entregó a Alejandro Céspedes. En la denuncia que se presentó ante la Fiscalía también se menciona que Céspedes contaba con nueve hectáreas preparadas de suelo para plantar cultivos y encontró que dos hectáreas estaban destruidas, además se sacaron los mojones y se retiraron las alambradas para unir con la plantación colindante de los Acosta.
El intendente dijo que su papá pagó hace 35 años G. 17 de los G. 20 millones que habían pactado con el propietario y admite que las tierras siguen a nombre de Céspedes. “Antes el valor de la palabra valía mucho y hace 35 años que mis padres ocupan esa propiedad. Después de mucho tiempo el señor quiere venir a recuperar su tierra”, indicó.
En tanto, Daysi Céspedes menciona que se les vendió a los Acosta la finca 1348, no así la finca 1400 que está en juicio. “El intendente está usando un Juzgado Civil”, apuntó Céspedes resaltando que Lisa Portillo Barrios, la hija de la jueza Ana Teresa Barrios, es una de las accionistas del estudio jurídico M&M que lleva adelante las demandas contra Céspedes.
