César Armele denunció a una funcionaria de su empresa por supuestamente haber revelado un secreto de carácter privado. La denunciada fue Taistari Montserrath Machuca. La fiscala Sosa Laconich rápidamente se movió y solicitó una orden de allanamiento el 29 de mayo del 2017.
El juez Penal de Garantías, Julián López dio el visto bueno indicando que el allanamiento era para buscar una laptop de la empresa Paraguay Textil asignada a Machuca y un soporte informático también de la firma.
La fiscala, en compañía de la Policía, de Armele y el abogado Gaona realizaron el allanamiento. Según la denuncia, la fiscala, en forma abusiva y amenazante, presionó en reiteradas ocasiones a la joven para que admita culpabilidad, y como no logró una confesión, en represalia habría ordenado el secuestro del teléfono particular de Taistari, su automóvil y su pendrive. Claro está que también incautó lo que la orden de allanamiento mencionaba.
La víctima en este caso denuncia violación de garantías constitucionales como el que nadie puede ser obligado a declarar contra sí, o el artículo 195 del Código Penal donde menciona que la orden de secuestro será expedida por un juez en una resolución fundada.
“La fiscala Sosa Laconich no demuestra ninguna garantías ni seguridad para la sociedad”, señala la denunciante, agregando que manifiesta parcialidad hacia su ex colega.
Recordemos que Juan Claudio Gaona había sido acusado de cobrar G. 90 millones en mayo del 2007 para pedir la desestimación de una denuncia a un empresario francés.