La venta menor en abril de azúcar generó reclamos y pedido de intervención al MIC por parte de productores. El viceministro de Comercio, Pedro Mancuello, apuntó que tomaron nota de este hecho y están viendo la forma de que se incrementen los controles correspondientes.
Por su parte, la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), tiene estadísticamente registrado de enero a abril de este año, la incautación de 48 mil kilos de azúcar de contrabando en zona primaria. A estos se deben sumar los que se incautan en zona secundaria.
Los precios menores en Brasil y la Argentina representan un incentivo constante que es aprovechado por los contrabandistas para ingresar el producto al país, pese a las restricciones sanitarias por la pandemia del Covid-19.
OPERADORES. Édgar Cuevas, representante de la UIP ante la Unidad Interinstitucional de lucha anticontrabando (UIC), refirió que hay alrededor de siete operadores que forman parte de la estructura de contrabando de azúcar en grandes volúmenes.
Apuntó que en el esquema hay gente que “fabrica facturas a placer” para cubrir cargas ilegales como producidas en el país.
Refirió que la Subsecretaría de Tributación (SET), hace más de un año y medio que tiene información sobre quiénes son y cómo operan los que realizan este trabajo y no compartieron igualmente los datos con la Seprelad.
Recordó como un ejemplo de ausencia de resultados firmes para desalentar la actividad ilegal el caso de la incautación de 460 toneladas de azúcar perteneciente a la firma Internacional Post SA el año pasado y que, mientras estaba bajo sumario administrativo en Aduanas, el juez Tadeo Zarratea ordenó su liberación pero que al final no se concretó. Subrayó que no se está investigando el origen y los vínculos de una cooperativa con el ingreso de esta carga.
Cuevas apuntó que en la estructura del contrabando de azúcar también están ciertos ingenios. Mencionó que una de ellas es el ingenio Guarambaré, que hace dos años no produce, pero seguía vendiendo hasta el año pasado sus productos. “En todo esto parece que cada tres o cuatro meses cambian de empresas para operar. Lo peor es que todos están enterados y no puede ser que se tarde tanto tiempo en hilar todo en una investigación por parte de los fiscales para accionar”, criticó el representante de la UIP.
