A partir de un juicio de usucapión llevado adelante por un menonita de nombre Rudolf Barg Sawatzky contra otros menonitas, extendieron el caso hasta su propiedad y terminaron desterrándolo y llevando presos a los personas que estaban en su casa, todo esto en el año 2017, según relata.
Explicó que lograron el sobreseimiento en primera instancia al demostrarse en juicio oral que no habían cometido ningún delito de los que les acusaba el fiscal Andrés Arriola, al que acusaron de actuar de manera corrupta.
Él y las demás personas procesadas lograron su libertad pese a la persecución penal del fiscal Andrés Arriola, que presentó una apelación, por lo que ahora pelean con un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), según denunció en visita a ÚH.
PROCESO. Según la documentación presentada por Gaete, el mismo presentó su solicitud de compra de la tierra de 1.700 hectáreas en Pirizal al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) en el año 2013, y obtuvo la autorización para ocupar las tierras.
Contó que realizó una gran inversión durante los años que estuvo trabajando, hasta que su vecino Rudolf Barg Sawatzky inició un juicio de usucapión contra otros vecinos, y al final agregaron su propiedad, y así sumó 5.000 hectáreas en total.
“En el 2017, Rudolf Barg Sawatzky, acompañado de su abogado Jimi Sánchez Cano, se fueron y quemaron la casa... La propiedad tenía monte y una casa, quemaron todo y me imputaron a mí y mi gente. Ahora ya no queda nada, ya montaron pasturas y destruyeron todo el monte”, lamentó.
Explicó que este año salió la sentencia del Juzgado de Filadelfia donde fueron sobreseídos, y que tras la apelación del fiscal Arriola, decidieron acudir directamente a la Corte Suprema.
“Yo quiero que la gente sepa la injusticia que cometieron contra mí y hasta qué punto llegaron con la complicidad de jueces y el fiscal, porque él no agarró ninguna de mis denuncias”, dijo.
Explicó que ya lograron destituir a través de una denuncia al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) al juez Fidelino Aquino, quien fue el que autorizó la destrucción de la casa y la detención de los ocupantes.
Respecto a su propiedad, explicó que el Indert será el que peleará por la recuperación, ya que la tierra sigue a nombre del Estado.
Yo quiero que la gente sepa la injusticia que cometieron contra mí y hasta qué punto llegaron, con jueces y fiscal.
Juan Omar Gaete,
denunciante.