El reciente asumido Magín Benítez acudió con la diputada del Partido Encuentro Nacional (PEN), Kattya González, hasta la sede del Ministerio Público, para radicar la denuncia.
Detalla que encontró una situación crítica financiera y ausencia de información documental.
La principal irregularidad fue hallada al verificar los documentos en el corte administrativo del 9 de noviembre pasado. En el control de ingresos hasta el 31 de octubre, se computó un total de G. 23.721.697.972. En tanto que, en control de gastos, se encontró solo G. 21.249.241.
Por tanto, se dio una diferencia de G. 2.241.566.816 sin justificar, no existe documento alguno en el departamento de contabilidad que respalden el destino de esos fondos.
Igualmente, apunta que su equipo no pudo realizar una auditoría interna debido a una extracción irregular de documentos contables de las oficinas de la Dirección de Administración y Finanzas del municipio, que contiene orden de pago con documentos respaldatorios y legajos de Fonacide, Royalties y gastos genuinos, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, 2019, 2020 y 2021.
Igualmente, en la denuncia se señala que los jefes de área informaron que se han apropiado de los documentos de la Unidad Operativa de Contrataciones y de la Unidad de Gestión y Desarrollo de las Personas.
El intendente ya solicitó a la Contraloría una auditoría financiera y de gestión a los ejercicios fiscales 2018, 2019, 2020 y 2021 (al 9 de noviembre), sobre bonos financieros municipales, deuda de la Caja de Jubilaciones Municipal, construcción de Teatro Municipal, adquisiciones, ventas de terrenos en el Piquete Municipal y transferencias a comisiones vecinales.
Deuda. Benítez denunció también que la Municipalidad no honró sus compromisos con la Caja de Jubilaciones del Personal Municipal, referente a aporte patronal, y advierte que podría darse un aumento de intereses por atrasos establecidos en la Ley 122.
2.200
millones de guaraníes es la diferencia que no fue justificada con facturas en la Municipalidad de Villarrica.