03 oct. 2023

Denuncian irregularidad en licitación del sistema de emisión de cédulas

El senador Daniel Rojas solicitó a la Contraloría que inicie una investigación del contrato realizado por el Ministerio del Interior en la licitación sobre el software de emisión de nuevas cédulas.

Mediante una nota, el senador liberal Daniel Rojas López solicitó al contralor general de la República (CGR), Camilo Benítez, la apertura de una investigación en la “Licitación pública internacional N° 01/2017 para el mejoramiento del sistema nacional de identificaciones y emisión de cédulas y pasaportes electrónicos en Paraguay”, convocada por el Ministerio del Interior en el 2017, y se identifica con el ID 333.492.

En el escrito presentado a la CGR se resalta que en dicha licitación se han detectado no solo irregularidades que guardan relación con un presunto pliego direccionado, sino también con el uso irregular de recursos de Fonacide (Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo). Además, el documento indica sobre “la falta de disponibilidad presupuestaria para los ejercicios venideros al llamado, razones que justifican que la Contraloría General de la República, en cumplimiento de sus funciones de control, supervisión y vigilancia, inicie un proceso de investigación a dicha licitación”.

En ese sentido, el congresista solicita a la CGR “realizar un control de legalidad de los actos administrativos ejecutados y determinar el grado de responsabilidad de los funcionarios públicos intervinientes en cada proceso de gestión por parte de la institución convocante”.

La nota detalla sobre un notorio retraso del inicio de los trabajos para la emisión de las nuevas cédulas electrónicas que debían iniciarse en el 2018, pero hasta la fecha sigue sin comenzar su uso.

El contrato estipula “en cuanto a duración del proyecto, un año de implementación, 2 años de explotación, más 1 año de garantía”, por lo que ya habría culminado en el 2022, pero ni siquiera comenzaron con el proyecto.

Además, según el contrato, “debían ser proveídas 1.980.000 cédulas de policarbonato y 138.600 pasaportes electrónicos, de los cuales 137.500 serían pasaportes electrónicos ordinarios y 1.100 pasaportes según los estándares internacionales, números que no coinciden con la necesidad de nuestro país”.

El escrito también refiere que dicho llamado ya había sido objetado tanto por la Dirección de Contrataciones Públicas y la misma Contraloría General de la República en su momento; sin embargo, pese a ello, igualmente llevado a cabo. La Contraloría, a través de un dictamen técnico de contrataciones DGCCPE N° 69/2017, de fecha 28 de diciembre del 2018, había recomendado la cancelación del proceso licitatorio.

El MI responde

Sobre el caso, desde el Ministerio del Interior explicaron que “el nuevo sistema de emisión de cédulas y pasaportes ofrecerá a los ciudadanos documentos más modernos, adecuados a las exigencias de organismos internacionales como la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), más seguro”. También aclararon que el llamado se hizo por resolución de un equipo técnico interinstitucional entre el MI, la Secretaría Nacional de Tecnología y Comunicaciones (hoy Mitic) y el Departamento de Identificaciones de la Policía.

Más contenido de esta sección
Aunque el fiscal general del Estado ha declarado que “no detecta” hecho punible en el caso de la denominada ocupación vip y hace responsable a la Justicia para intervenir en el escandaloso tema, debemos reclamar que los hechos constituyen una directa confrontación al mismo estado de derecho, modelo por el que optamos como República en la misma Constitución Nacional. Todos los paraguayos como integrantes de la sociedad estamos sujetos a las leyes y por tanto a su cumplimiento. Privilegios e impunidad están fuera de la ley.
En los próximos años se vienen importantes vencimientos de la deuda que se agregan al pago de los servicios de las mismas. Dado que no existen planes gubernamentales de recaudar más para pagar los compromisos contraídos, no les quedará otra opción a las autoridades económicas que refinanciar, es decir, contratar más deuda. Además de considerar la vulnerabilidad que ya presentan nuestras finanzas públicas, es necesario tener en cuenta el contexto internacional así como las decisiones de política monetaria que se tomen en ese país.
El Parlamento tiene una responsabilidad fundamental en el Presupuesto público, principal instrumento de política fiscal. No puede ni debe diseñar políticas por la vía presupuestaria ni aumentar los gastos sin considerar los ingresos para solventarlos. Cualquiera de estas acciones distorsiona el Presupuesto, haciéndolo deficitario e ineficaz. Debe ejercer sus competencias de manera responsable y racional, superando su tradicional rol prebendario, influido por el tráfico de influencias e impregnado de conflictos de intereses para tomar decisiones.
La actual situación del imputado senador colorado Erico Galeano es una vergonzosa exhibición de la impunidad que ya es casi nuestra marca país. Imputado por supuesto lavado de dinero y asociación criminal en el marco del operativo A Ultranza, el político cartista, tras varias exitosas chicanas judiciales, logró que un juez lo beneficie con la prisión domiciliaria, y que incluso pueda acudir a las sesiones del Congreso. Estos son los privilegios que ostenta nuestra clase política, pues incluso por menos un ciudadano común ya estaría en el penal de Tacumbú.
Zenaida Delgado, flamante cartista, defiende la posición de suprimir la palabra género en una ley que declara emergencia social ante la violencia contra las mujeres.
Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), “la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. El Estado debe preocuparse del bienestar de la población, considerando la relación que existe entre la mente y la conducta social. La crisis económica, falta de empleo, la inseguridad pero también la falta de oportunidades para acceder a productos culturales y la falta de espacios públicos de recreación inciden en el humor social y afectan la salud sicosocial.