El caso ya se encuentra en el Juzgado Civil de Caaguazú, iniciándose la demanda con las diligencias preparatorias para el juicio. Según la denuncia, los administradores ahora quieren recuperar todo lo perdido a través de un cobro compulsivo a los socios, que va desde 3.000.000 a 515.000.000 de guaraníes de acuerdo a la capacidad económica de cada socio.
Los colonos consideran que se trata prácticamente de una moderna forma de esclavitud económica, explotando a todos los socios a pagar dichas pérdidas sin saber su origen.
Según la denuncia, una de las irregularidades sería en la compra de tierra para jóvenes menonitas de la comunidad, cuyos fondos no dieron a conocer dónde fueron a parar exactamente, ya que no existe la plata ni la tierra que supuestamente se compró.
Otra denuncia son las compras presumiblemente fraudulentas de otras tierras, que el pleno se había negado; sin embargo, la administración las compró y hoy dichas tierras están en un litigio judicial y dejó millonarias pérdidas.