Una niña de 11 años, víctima de sistemática violación desde la edad de 9 años por parte del padrastro, y sometida a un aborto clandestino, es un hecho demasiado cruel e inhumano que nos debería golpear a toda la sociedad como un fortísimo derechazo que te debe dejar aturdido, al menos, por unos minutos para pensar: ¿Qué podemos hacer?, ¿qué puedo hacer?
No hace un mes, se reportaba el caso de una adolescente de 14 años que sufrió un aborto espontáneo, en San José de los Arroyos, Caaguazú, y cuando se indagó más sobre la situación, se descubrió que la chiquilla era explotada sexualmente. Una vecina la ofrecía a los “clientes” ocasionales. Y lo más triste de este caso real es que la hermanita, de 10 años, también ya había sido sometida sexualmente. Son solo dos de cientos de casos similares. ¿Qué está pasando con esa unidad social mínima fundamental que es la familia? ¿Se habla de estos temas en las iglesias –de la confesión que fuere–, los colegios, los partidos políticos, los clubes de barrios, las cooperativas y los grupos de WhatsApp con actitud de hacer algo al respecto?
La familia es en esencia el núcleo que debe brindar protección a un niño. Todos los niños y niñas tienen derecho a vivir en un contexto seguro y protegido que preserve su bienestar. A ser protegido de cualquier forma de maltrato, discriminación y explotación. Sin embargo, esta premisa no siempre es así, sobre todo, cuando los adultos que constituyen una familia se convierten en verdaderos monstruos, abusadores, explotadores o “propietarios” de los niños sometiéndolos a tratos crueles. O no asumen el deber del cuidado, ni piden ayuda, en caso de no poder hacerse cargo de sus niños, y los exponen a todo tipo de situaciones de riesgo al acecho de terceros. Entonces es cuando el Estado debe intervenir. Es el que tiene que garantizar y adoptar todas las medidas y obtener los recursos necesarios para brindarles una protección subsidiaria efectiva, en donde quiera que se halle: Sea un asentamiento o en el barrio más elegante de Asunción.
La ministra de la Niñez, Teresa Martínez, dice que “es una locura pensar que los niños son objetos” y que a diario ven lo que los hombres adultos “son capaces de hacer contra niños o niñas”, y arroja el dato contundente de que el 85% de los casos de abusos a niños fueron cometidos por una persona vinculada al entorno familiar. El promedio de denuncias por día de estos casos es de siete a ocho. Si estos datos no alarman, no nos quitan el sueño, es porque nuestra sociedad está mucho más enferma de lo que parece.
Si existe una concepción errada y tremendamente dañina del niño como objeto, entonces desmontar esto debe ser un objetivo urgente de las instituciones. Debería llamar a la acción al sector público y privado, trabajando afanosamente por crear conciencia sobre el tema y empezar a cambiar esto en la sociedad. Al mismo tiempo de adoptar medidas para que no se repitan los abusos. ¿Cómo?, supongo que al menos las autoridades lo saben.
Otra realidad que contribuye a la situación de vulnerabilidad de muchos niños, y a la impunidad de quienes le producen daño y quiebran sus tiernas vidas, es que Paraguay cuenta solo con 54 jueces de la Niñez para casi 3 millones de niños y adolescentes, según la jueza Rosa Yambay. Esto torna difícil imprimir celeridad a los procesos judiciales en este ámbito, que deben ser expeditos para evitar que el daño sea aún mayor para las pequeñas víctimas y para brindarles rápida y oportuna contención y protección.
Otro problema es que existen escasas instituciones donde alojar y asistir integralmente a los niños en situación de vulnerabilidad y/o víctimas, como las nenas que mencionamos al comienzo. Es lamentable escuchar siempre que “falta esto y lo otro”. Ya se debería dar un siguiente paso que es ofrecerles respuestas integrales urgentes desde los poderes del Estado y desde la sociedad toda. A los niños hay que cuidarlos y amarlos. No permitir que le destruyan la vida.
