Ante la grave crisis penitenciaria instaurada desde la masacre ocurrida en la penitenciaría de San Pedro, el 16 de junio pasado, representantes de distintas instituciones del Estado decidieron conformar un equipo de trabajo conjunto que se encargará de estudiar las estrategias necesarias para solucionar, principalmente, la superpoblación del sistema, que sería una de las causas que derivaron posteriormente en hechos sangrientos.
La reunión fue convocada a iniciativa del propio presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Jiménez, y fue celebrada en la víspera en el Palacio de Justicia, con la presencia de los ministros del Interior, Juan Ernesto Villamayor; de Justicia, Julio Javier Ríos; el presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Enrique Bacchetta; la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez; Dante Leguizamón, del Mecanismo de Prevención contra la Tortura, y la defensora general, Lorena Segovia.
La Corte Suprema de Justicia se comprometió a endurecer las medidas internas en la institución a fin de sumarse al combate de la crisis penitenciaria, cuya solución requerirá el trabajo conjunto de los tres poderes del Estado.
Informó que se está trabajando en la implementación de tecnología para que, en casos específicos, los reclusos puedan realizar declaraciones vía videoconferencias en el marco de sus procesos y así evitar los traslados hasta las sedes judiciales.
Por su parte, el ministro de Justicia, Julio Javier Ríos, dijo que se abordaron varias alternativas para buscar solución a la actual crisis, entre las que mencionó el proyecto –ya presentado al Congreso Nacional– de modificación del artículo 245 de la Ley 4431/2011, cuya aplicación ha aumentado de manera exponencial la población penitenciaria. También se mencionó el trabajo de depuración de las causas penales a través de un trabajo conjunto de la Corte Suprema de Justicia y la Defensoría Pública, para dar libertad a personas que ya cumplieron con la pena mínima, y buscar otras salidas alternativas a personas ya procesadas.
Los representantes de la Corte también plantearon diversas medidas, como la de controlar la correcta aplicación de la figura de la prisión preventiva por todos los magistrados del país, con base en la legislación vigente y el análisis de una probable conformación de tribunales unipersonales especializados, apoyando de esa manera la reforma legislativa al respecto.
Entre los tantos proyectos también saltó el tema de la necesidad de la construcción de nuevas penitenciarías y un trabajo específico con internos de alta peligrosidad.
El presidente de la Corte, Eugenio Jiménez, destacó que una vez constituida la mesa de trabajo se empezará con acciones conjuntas con la Defensoría, que tiene datos estadísticos que permitirían un alivio de la población penal en un breve tiempo.
En la reunión se habló de grandes proyectos para la solución del tema; sin embargo, no hablaron sobre los recursos para el trabajo mencionado.
