La Intendencia pasará a la Junta Municipal el compromiso de decidir sobre la rescisión de contrato con Empo, de la concesión del servicio de disposición final de basura, por incumplimientos de disposiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones (PBC), sugerida en dictaminen de la Contraloría de la República.
Tal es la postura expresada ayer por Juan Carlos Ramírez Montalbetti, director de Asesoría Jurídica de la institución municipal, quien sostuvo que entre hoy y el lunes se remitirán los antecedentes del caso a la corporación comunal para que los concejales resuelvan si se acata o no lo que dice el organismo contralor.
“Estamos en la postura de que sea la Junta la que decida y que el intendente cumpla esa resolución. No hay dudas de que el proceso de rescisión está en marcha”, precisó.
Apuntó que de resolverse en favor de la rescisión se deberá instalar una mesa de conciliación con la empresa y, de ser necesario, ir a un juicio arbitral, tal como lo establece la Ley 1618 de Concesiones.
La Contraloría cita la modificación de la integración del consorcio adjudicatario, la falsificación del certificado de cumplimiento tributario (CCT) detectado por el sistema de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), que tiene una causa abierta ante el Ministerio Público, y la falta de cobertura de la garantía de fiel cumplimiento (póliza de seguros).