La Defensoría Pública es una de las instituciones que recurrió a la Corte para evitar presentar su informe de ejecución a la Contraloría y así rendir sus gastos solo al Tribunal de Cuentas. Ya son más de 150 organismos los que prefieren puentear al ente contralor, acto que es considerado por varios referentes políticos como una forma de blanquearse. La defensora general, Lorena Segovia, presentó en el 2021 como representante del Ministerio de la Defensa Pública una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema contra la Ley 2248/2003 “Que modifica el artículo 30 de la Ley 879/1981 Código de Organización Judicial”, alegando que esta norma le imposibilita rendir cuentas ante la autoridad competente, como el Tribunal de Cuentas, basándose la carta magna.
La Corte falló a su favor el pasado 11 de diciembre fundamentando que no hay superposición de funciones entre la Contraloría y el Tribunal. Aunque la Sala Constitucional estuvo dividida, los que dieron su voto favorable fueron César Diesel y Víctor Ríos, mientras que Gustavo Santander votó en contra. Es la primera vez que no hay unanimidad.
Diesel menciona en el fallo que “si la Constitución estableció la existencia de ambos órganos, es porque ellos deben funcionar independiente y armónicamente; es decir, no es posible suponer que la Contraloría General de la República absorbió todas las funciones que correspondían al Tribunal de Cuentas”.
Por su parte, Santander sostuvo que la Contraloría es la única que puede auditar los informes de gastos y que la acción debía ser rechazada.
Para este ministro, la Constitución de 1992 salvó las dudas sobre las funciones de una u otra institución, cambiando la orientación dando todavía más funciones a la Contraloría y reduciendo las del Tribunal, que solo quedó en el nombre.
De esta forma, hay división entre los miembros de la Corte en un tema de gran interés para una enorme estructura estatal.
El presidente Santiago Peña vetó recientemente, precisamente basándose en la Corte, una ley que eliminaba la atribución del Tribunal de Cuentas de recibir los informes de gastos y definía que la Contraloría era la única con facultad para la fiscalización. El proyecto fue impulsado por mismo contralor Camilo Benítez, que ahora quedó sin herramientas para ejercer controles en instituciones como la Fiscalía, el Tribunal Electoral, gobernaciones y municipios. La propia Corte llegó a recurrir a esta acción para no ser auditada.
La objeción total ya fue comunicada y el Congreso deberá definir si aceptar o rechazar el veto, aunque es sabido que la mayoría colorada dará su aprobación tanto en Senado como en Diputados.
Peña decidió ceder a la Corte y a una estructura de instituciones que se resguardan en el Tribunal de Cuentas para evitar los controles de la Contraloría hace más de 20 años.
El proyecto de ley que modifica el artículo 30 de la Ley 879/1981 del Código de Organización Judicial, y regula al Tribunal de Cuentas, eliminaba la facultad del Tribunal de Cuentas de recibir los informes de gastos de las instituciones debido a que más de 150 evaden la fiscalización de la Contraloría.
La ley arreglaba esta situación y establecía que la Contraloría era la única que podía recibir la rendición de cuentas, ya que el Tribunal fue utilizado siempre como una forma de blanqueo.
Otro hecho resaltante es que este año fue electo César Emilio Diesel Marín, hijo del presidente de la Corte, César Diesel, en el cargo de juez del Tribunal de Cuentas, pese a su bajo puntaje y a estar afiliado al Partido Colorado, incumpliendo con el artículo 238 del Código de Organización Judicial.
Uno de los proyectistas, el ex diputado liberal Édgar Acosta, manifestó que los órganos que mandan sus cuentas al Tribunal buscan ocultar irregularidades.
“Peña no debió vetar la posibilidad de que todas las instituciones públicas rindan cuentas a la Contraloría. Solo la Contraloría tiene capacidad de control. Las que mandan sus rendiciones al Tribunal de Cuentas lo hacen porque tienen algo que ocultar”, acusó.
Para el ministro Víctor Ríos, la Contraloría y el Tribunal tienen funciones distintas, la primera fiscaliza y la segunda, juzga, pero ambas pueden convivir.
Sin embargo, el gran problema es que en la práctica sucede lo contrario, ya que las que acuden a la Corte puentean a la Contraloría y no le permiten ser auditadas.
El Ejecutivo presentará una nueva ley al Congreso
En el decreto del Poder Ejecutivo por el que se veta la ley que modifica el artículo 30 de la Ley 879/1981 del Código de Organización Judicial, Santiago Peña se muestra contrario a eliminar la facultad del Tribunal de Cuentas de recibir los informes de gastos de las instituciones, basándose en el razonamiento de la Corte sobre una inconstitucionalidad.
Por ese motivo, propone una nueva ley que sea el resultado de una mesa de trabajo entre Contraloría y Tribunal de Cuentas.
El ministro de la Corte, Víctor Ríos, está a favor de esta iniciativa.
“Si una autoridad se niega a entregar documentos a la Contraloría, los jueces deben ordenar allanamientos”, manifestó Ríos.
Peña mencionó en el decreto que reconocía a la Contraloría como un órgano importante y constitucional, y recordó el lanzamiento de su plan nacional contra la corrupción, calificando a la institución como fundamental en la lucha. Aclaró que el veto a la ley no desvalorizaba al ente contralor.
Desde el 2008, instituciones lograron acuerdos y sentencias favorables de la Corte, entre ellas, la propia Corte, de la mano del entonces presidente Antonio Fretes. La Corte también blindó al Ministerio Público, tras acciones de Rubén Candia Amarilla y de Javier Díaz Verón, así como municipalidades y gobernaciones.
