Política

Defensora justifica nombramiento de sus parientes en la institución

 

Selva Morel, defensora general interina, presentó ayer al presidente Mario Abdo Benítez las 23 camionetas adquiridas por el Ministerio de la Defensa Pública (MDP) para uso exclusivo de la institución. Informó que los móviles serán destinados a todas las sedes del MDP en el país, a fin de facilitar el trabajo de los defensores públicos.

Por otro lado, la defensora general fue consultada sobre sus familiares que son funcionarios en la institución que dirige, y admitió que tiene dos sobrinos en la institución, pero aclaró que fueron nombrados antes de que ella sea encargada del Ministerio. Agregó que la misma situación envuelve a su nuera, quien ya era funcionaria de la institución cuando se enamoró de su hijo.

“No (es nepotismo). Los familiares que yo tengo en la Defensa Pública son dos sobrinos que fueron nombrados mucho antes que yo fuese defensora general interina. Mi nuera, funcionaria del Poder Judicial, cuando la Defensa Pública se desprende por la autonomía y autarquía, ella pasa a formar parte de la Defensa Pública y obviamente (...) tenemos derecho a enamorarnos y si se enamoró justo de mi hijo yo no puedo decirle (a mi hijo) ‘no te podés casar con una funcionaria de la Defensa Pública’”, justificó Morel.

Añadió que hoy sus familiares siguen siendo funcionarios. “Como todo el mundo, tienen derecho a trabajar”, manifestó la defensora general interina.

Más. Sobre las camionetas que serán destinadas a las sedes de la Defensa Pública, informó que la inversión fue de más de G. 5.000 millones. Además, Selva Morel conversó con el presidente, y este le dijo que el Ministerio de la Defensa Pública debe llegar a más lugares. “Donde están un Juzgado y la Fiscalía, también la Defensa Pública debe estar”, le dijo el presidente Mario Abdo Benítez.

Por otro lado, detalló que el 65% de los casos que atiende el MDP son procesos de personas privadas de libertad. Morel relató que en el 2016 fueron atendidas 60.000 causas por el MDP, mientras que en el 2017 fueron 63.000, y en el 2018 el número siguió en ascenso, llegando a 67.000. Del total de casos atendidos el año pasado, 43.550 correspondieron a procesos de personas privadas de libertad. Por si fuera poco, en las cifras del año pasado no están incluidas 21.600 causas que no entraron al sistema judicial.

Dejá tu comentario