El procesado había sido imputado por la fiscala Laura Mercedes Giacummo, por supuesto hurto, y pidió arresto domiciliario, por llevarse los dos champúes y un antitranspirante, que en total alcanzaban la suma de G. 120 mil, de un local de Biggie, el pasado 21 de julio.
La jueza de guardia, Lici Sánchez, le dio el arresto domiciliario, tal y como lo solicitó la agente fiscal. Después, tras el sorteo, el caso quedó con la jueza de Garantías, Clara Ruiz Díaz.
Ahora, Velázquez, en representación del procesado, planteó la excepción de falta de acción por parte de la Fiscalía, porque la acción no se inició en forma legal.
Explica que, según la imputación, Víctor Coronel supuestamente escondió entre sus pantalones dos champúes, y un antitranspirante, cuyo valor es de G. 120 mil, lo que constituye un hecho bagatelario, ya que equivalen a 1,2 jornales mínimos, cuando el máximo para en este tipo de hechos es de 10 jornales.
Indica que según el Código Penal, para perseguir este tipo de casos, es necesaria la instancia de la víctima; es decir, debía ser el dueño de Biggie el que denuncia el caso, y no el cajero o el guardia, quienes no revisten la calidad de víctima, sino que son testigos.
Con ello, dice que el Ministerio Público no podía iniciar legalmente el proceso penal, salvo que el caso sea especialmente relevante para la política criminal, lo que no se dio tampoco.
De esta manera, pide a la jueza que admita el pedido y extinga la causa. Se corrió traslado a la fiscala Giacummo.