Se ataca el fallo que dictó el juez de Delitos Económicos Humberto Otazú, del 9 de abril pasado, por el que dispuso que González Daher sea juzgado por usura y lavado de dinero, y su hijo por este último hecho punible.
Si bien la ley prohíbe apelar la resolución que admite la acusación y ordena el juicio oral, la defensa aclara que no ataca estos puntos, sino que el rechazo de varios otros pedidos hechos al juez.
Recurren el rechazo de la nulidad de la acusación, por el cambio de los hechos, y por falta de indagatoria previa; así como el rechazo del sobreseimiento definitivo, de la prescripción parcial de los hechos y por la falta del derecho de la querella de acusar por lavado de dinero.
Con el recurso, el caso no irá a juicio oral hasta que el Tribunal de Apelación Penal resuelva la cuestión.
CAMBIOS. La defensa habla de una grave violación al derecho a la defensa, porque en la preliminar el fiscal en forma oral hizo un relato breve de los hechos y nunca explicó su acusación, pero en la resolución del juez se transcribió todo el relato hecho por el agente en su acusación por escrito.
Además, dice que la acusación fiscal señala un hecho con el que cambió la denuncia inicial, pero el magistrado Otazú corrigió esos hechos al transcribir la acusación del fiscal, lo que viola gravemente sus derechos y hace nula la resolución judicial.
Otro punto cuestionado por la defensa es el rechazo de la nulidad de la acusación. Alega que la denuncia de Juan Mendoza Yampey y la firma M&O SA habla de un préstamo de G. 20.530.400.000 con un interés de G. 4.429.100.000 en 17 meses. Sin embargo, la acusación varía el monto del préstamo a G. 15.980.000.000, con un interés de G. 7.714.100.000.
Así, la acusación es nula. Tampoco se le llamó a indagatoria sobre este nuevo punto, por lo que no se le dio el derecho a la defensa, lo que anula la acusación.
La defensa, encabezada por el Dr. Jorge Bogarín, también refiere sobre un préstamo realizado a Juan Eugenio Planás, ocurrido en el 2010, lo que a la fecha está prescripto, pero el juez no admitió este pedido.
Igualmente, también apela el rechazo del sobreseimiento definitivo. Dice que de una simple operación matemática tenemos que el préstamo fue de G. 20.530.400.000 con un interés de G. 4.429.100.000 en 17 meses, lo que da un interés mensual de 1,2%, lo que es legal y no hay delito.
Finalmente, refiere que en el hecho de lavado de dinero, la víctima es el Estado Paraguayo, por lo que el querellante, Mendoza Yampey, no tiene derecho a acusar por lavado de dinero, por lo que pide excluir este cargo contra ambos.
Después, la defensa presenta varios fallos sobre la posibilidad de que se pueda apelar el auto de apertura a juicio, por lo que pide que se estudie el recurso presentado.
Al final, la defensa solicita anular parcialmente la resolución del juez Humberto Otazú, y que sea otro magistrado quien convoque a una nueva audiencia preliminar, para estudiar todos estos puntos cuestionados por los defensores.
Paraliza el caso y traba juicio oral
La apelación planteada por la defensa evita que tanto Ramón González Daher como su hijo Fernando González Karjallo sean llevados a juicio oral hasta tanto el Tribunal de Apelación Penal resuelva la cuestión. El juez Humberto Otazú deberá correr traslado al fiscal Osmar Legal y al querellante Juan Mendoza Yampey, que deberán contestar en un plazo de 5 días. Luego, elevará el expediente al Tribunal de Apelación Penal, para que estudie los cuestionamientos de la defensa de los dos procesados.