El Congreso sancionó la donación de Marina Cué al Estado y, a pesar de las críticas,
Cartes adelantó que promulgaría la ley para “acabar con el tema”.
Para Azuaga esta decisión puede afectar al juicio que enfrentan 11 campesinos por el caso Curuguaty, pues se estaría legitimando un proceso que puede terminar con la condena de los acusados.
La defensa teme que se trate de un golpe de los tres poderes del Estado para lograr la sentencia antes de que termine el año.
Sin embargo, en caso de promulgarse la ley se presentará una acción de inconstitucionalidad ante la Corte, al existir juicios pendientes sobre la titularidad de las tierras ocupadas por campesinos en Marina Cué.
Existen tres juicios abiertos al respecto: por parte de la Procuraduría General de la República, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) y del abogado Luis Aguayo sobre la excepción de prejudicialidad.
Sería un error que Cartes firme el documento, advierte Azuaga. “Todo ilegal es lo que está pasando”, lamentó.
Contrariamente, el fiscal Jalil Rachid sostiene que la aceptación de estas tierras como donación no afecta al juicio. “Es un falso discurso al decir que con esto se va a blanquear resoluciones judiciales o el actuar de los jueces que anteriormente intervinieron en la causa”, expresó en Monumental AM.
Para el agente fiscal, sean o no del Estado las tierras, los campesinos cometieron invasión y deben ser procesados por ello.
Este viernes continúa el juicio de los campesinos, tras presentarse 45 incidentes. Azuaga defiende a cinco de los procesados: Rubén Villalba, Néstor Castro, Adalberto Castro, Luis Benítez y Juan Carlos Tillería.
Los 11 campesinos enfrentan causas desde asociación criminal e invasión de inmueble hasta homicidio doloso por el caso que terminó con la muerte de 11 campesinos y 6 policías en Marina Cué en julio del 2012.
