Dos casos denunciados de presuntas irregularidades en el uso de los fondos públicos por parte de autoridades municipales en localidades del interior del país han cobrado mucha notoriedad en los últimos días, poniendo en el tapete la necesidad de extremar los sistemas de control sobre el uso del dinero público.
Uno de los casos es el que afecta a Pedro Rubio Chávez, intendente municipal de la ciudad de Mayor Otaño, Departamento de Itapúa, en donde estudiantes, ediles y pobladores vienen denunciando desde hace dos meses la presunta malversación de unos 3.000 millones de guaraníes provenientes del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), que debían destinarse fundamentalmente a la construcción y reparación de escuelas. La Contraloría General de la República (CGR) realizó una fiscalización especial del ejercicio 2017 y detectó quince graves irregularidades en el uso de los fondos públicos del Municipio.
En este episodio, uno de los principales líderes del reclamo ciudadano, el joven Nelson Maciel, de 17 años de edad, presidente del Centro de Estudiantes del Colegio Nacional de Mayor Otaño, enfrenta cuatro querellas, además de amenazas de muerte. Maciel, al igual que los demás ciudadanos que se animan a denunciar las irregularidades, viene siendo víctima de violentos ataques por parte del intendente y sus seguidores.
En el otro caso, también estudiantes y pobladores de la localidad de Arroyito, Departamento de Concepción, denuncian al intendente municipal Samuel González por varias presuntas obras fantasmas, por las cuales se han pagado cifras millonarias, pero no han concluido o no existen físicamente, entre ellas un baño sexado para el colegio Julio D. Otaño, por G. 120.622.398; una cancha de fútbol de salón con valla perimetral en el Centro Comunitario del Asentamiento Núcleo 3, por G. 182.500.000, que en la realidad es solo un terreno baldío; un sistema de alcantarillado sanitario frente a la iglesia de Arroyito, por valor de G. 95.000.000, que tampoco existe; y pagos millonarios por aulas en escuelas y colegios que no se realizaron. También se incluyen supuestas reparaciones de caminos vecinales que no se realizaron y la presunta construcción de un tinglado en uno de los asentamientos campesinos, que permanece invisible. Según la denuncia, basada en documentos constatados por una inspección de la Contraloría, los pagos realizados por las obras fantasmas ascienden a G. 1.107.314.525.
No son los únicos casos, pero sirven de ejemplo. La lista de los intendentes municipales que no rinden cuentas por los desembolsos del Fonacide y los royalties es considerable, pero aún así permanecen en sus cargos y siguen disponiendo arbitrariamente de los fondos públicos. Esta situación plantea la necesidad de mejorar los mecanismos de control y, por sobre todo, que pueda existir una pronta reacción del sistema de Justicia y de las demás instancias del Estado para avanzar en las investigaciones y sancionar a quienes delinquen. Y en casos como el de Mayor Otaño, poder brindar la debida protección a los ciudadanos que se animan a denunciar las irregularidades.
