27 sept. 2025

De la representación popular

Los hechos ocurridos en los últimos días deben llevarnos a reflexionar sobre el sentido de la representación popular de quienes son electos para administrar la República. Los mecanismos de elección de tales mandatarios están consignados en la Constitución Nacional y en las diversas leyes que rigen el sistema electoral.

Las autoridades así electas gozan de la legitimación que provee la condición de haber sido electos por el voto popular, y de la legalidad de su mandato, por haberse cumplido las formas establecidas en las disposiciones legales.

Los partidos políticos constituyen -de acuerdo con la CN- el mecanismo clásico por el cual los ciudadanos irrumpen en la política, de acuerdo a sus preferencias. La militancia es fundamental para hacer una conscripción que implique el aprendizaje del funcionamiento democrático, los principios fundamentales de ciencia política, las diferentes corrientes de pensamiento, la teoría general del Estado, las formas de gobierno, la historia nacional, educación elemental que todo ciudadano debe conocer. Los partidos políticos deberían ser la escuela donde se forman los futuros líderes del país. En vez de eso, se han convertido en maquinarias electorales vacías de contenido. No hay formación de nuevos dirigentes, no hay presupuesto relevante asignado a talleres de filosofía, oratoria, lógica, principios económicos, etc., dirigidos y financiados por el partido político con las asignaciones que por ley le fueron otorgados.

Esta no es una crítica a los partidos políticos, entiéndase bien: es una crítica a los que gestionan la política desde los partidos y practican una política de entrecasa, de la que se aprovechan los más “representativos”, expertos en argucias y en picardías, no en principios éticos que constituyen la verdadera noción de la política. Estos son los que en Paraguay se hacen llamar “políticos de raza”. Y se ufanan de practicar la “real politik”, al tiempo de que se mofan de los soñadores, de los utópicos que buscan los caminos difíciles de la decencia. Prometen y mienten descaradamente, a sabiendas de que nunca podrán cumplir esas promesas. Se obligan en miles de millones con la esperanza de cumplir “si resulta electo”, y así entran en una interminable cadena de favores, con lo que queda comprometida su gestión, repartiendo cargos y favores a completos incapaces, de nula preparación, que se convierten en ministros, senadores, diputados, que llevan al país al estado lastimoso en que se encuentra. Pero esos malogrados funcionarios o representantes no hubieran podido llegar ahí nunca si no provinieran de partidos políticos respetados y centenarios, de la mano de gestores políticos, punteros “dueños de los votos”, que existen en todos los partidos, tergiversando la misión que tienen estos en la vida democrática.

La historia política del Paraguay está llena de traiciones, de transas vergonzosas, de pactos irrisorios, de gestos mezquinos. Nunca hubo imperativos éticos que condujeran a la Nación sino en la época irrepetible de Eligio Ayala, ejemplo de estadista, austero, honrado, patriota. Y desde aquellos tiempos, hemos involucionado gravemente en lugar de progresar en el campo de las ideas, de la forma de practicar la política.

Cabe mencionar que partir de las elecciones municipales previstas para este año, el elector no tendrá justificación en razón de las listas que dejarán de estar bloqueadas. El elector podrá con libertad y certeza señalar su opción con el voto al candidato de su preferencia.

Antes de la reforma del sistema electoral se producía una falla desde el inicio, dado que los electos no eran los mejores ciudadanos que podían proponer los partidos y así se inducía al elector a votar exclusivamente por el color o por la prebenda, rudimentario estilo político que continúa igual.

Ahora estamos en la encrucijada de un nuevo juicio político para analizar el mal desempeño de un presidente, que de acuerdo a su preparación y su carácter no podría haber sido ni candidato (todos han sido improvisados). Y la Constitución Nacional dice que sobre la cuestión deberán dictaminar y juzgar los diputados y senadores, porque son nuestros mandatarios. El punto es que los mandantes, los ciudadanos ya han expresado con la mayor claridad posible cuál es su decisión respecto de su actual presidente y vicepresidente, no los quieren más: al primero por incapaz, al segundo porque no es confiable. Los senadores y diputados ya han opinado que no todos están de acuerdo, están barajando posibilidades, están transando para conseguir beneficios personales o colectivos. ESTÁN, otra vez, FALTANDO A SU DEBER DE REPRESENTARNOS, el pueblo ya HA EXPRESADO SU VOLUNTAD, Y A ELLOS LES TOCA CUMPLIR CON SU ROL. ¿De dónde sale la idea de que ellos pueden sustituir nuestro mandato -EL DE LOS MANDANTES- por una posición personal o conjunta de ellos, LOS MANDATARIOS?

No solo no están calificados, sino que no tienen derecho. Los ciudadanos tienen derecho a revocar las decisiones tomadas por terceros en su nombre, que sean contrarias a su voluntad ya expresada.