Si las instituciones públicas tuviesen celosos guardianes que cuidaran con responsabilidad y eficacia los bienes del Estado que pertenecen a todos, sus administradores tendrían que haber sido los primeros en proteger el patrimonio común.
Está visto, sin embargo, que no todos cumplen con responsabilidad sus obligaciones. Por eso es que –con conocimiento o no de los administradores de las instituciones estatales–, se siguen dando casos de corrupción. Los funcionarios deshonestos se apoderan de lo que no les pertenece o usan discrecionalmente bienes que fueron puestos a su disposición para utilizar con racionalidad, no para abrir el grifo del despilfarro.
Los escándalos vigentes de la Contraloría General de la República donde una secretaria –obviamente con anuencia institucional– cobraba sumas siderales en concepto de horas extras y de la Policía Nacional en la que algunos uniformados habían convertido los vales de combustibles de Petropar en un pantagruélico festín de corrupción, muestran a las claras el descuido de la cosa pública.
Una de las virtudes de la democracia es que hay reaseguros que permiten cubrir las espaldas de las instituciones que traicionan su cometido por omisión o por la comisión de delitos. Parte de esa garantía es el Ministerio Público, que “representa a la sociedad”, de acuerdo al artículo 266 de la Constitución.
Una de sus funciones –ejercidas a través de los agentes fiscales–, según el artículo 268, inciso 2), es “promover acción penal pública para defender el patrimonio público y social”.
Si bien la Fiscalía General del Estado no siempre está a la altura de lo que la ciudadanía espera de sus actuaciones –como en el caso de Vilmar Acosta Marques, quien pudo fugarse al Brasil por la lentitud de la acción fiscal–, en estos dos últimos casos que sacudieron a la opinión pública los agentes fiscales están trabajando con la celeridad y la eficiencia que siempre debieron haber sido sus características operativas.
Lo que se espera de los fiscales, en su tarea de investigar los posibles hechos punibles, es que su rápida acción permita acorralar a los presuntos responsables de la comisión de ilícitos. Bien se sabe que cualquier demora en las intervenciones puede ocasionar el ocultamiento de pruebas, la fuga de los supuestos involucrados y, por lo tanto, el entorpecimiento de la tarea de esclarecimiento de los hechos.
Después de la buena letra de los intervinientes de los últimos episodios de corrupción, es necesario que los fiscales mantengan su ritmo a lo largo de los dos procesos judiciales actualmente en curso. Y que se comporten con el mismo nivel de responsabilidad actual en los próximos casos que aparezcan en escena.