Además, al menos 150 periodistas ha sido “forzados” a abandonar Nicaragua en los últimos cuatro años, principalmente por razones de seguridad, de acuerdo con el informe de ese conglomerado compuesto por Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, Acción Penal, e International Senior Lawyers Project.
Ese grupo concluyó que el Gobierno del presidente Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, intentan “erradicar la libertad de expresión” en el país centroamericano.
“El gobierno presidido por Daniel Ortega y Rosario Murillo ha empleado todos los medios e instituciones bajo su dominio totalitario para erradicar la libertad de expresión del país”, señaló ese conglomerado en una carta enviada a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) con el objetivo de que “demande en todas las formas posibles” la libertad de prensa en Nicaragua.
“La OEA no puede tolerar que se niegue a la nación nicaragüense la información a la que tiene derecho”, resaltaron las agrupaciones.
IGLESIA. Según el informe, solamente en agosto pasado el Gobierno sandinista ordenó el cierre de 23 medios de comunicación de la Iglesia Católica, y ocupó Radio Vos, tras haber “confiscado las instalaciones” del diario La Prensa, el grupo de medios Confidencial y la televisora 100% Noticias.
“Solo entre los meses de julio y agosto de 2022, al menos 25 periodistas huyeron del país para evitar la cárcel y poder seguir informando”, agregaron los denunciantes.
PRENSA EXTRANJERA. Adicionalmente, en los últimos dos años, las autoridades nicaragüenses impidieron el ingreso de seis periodistas extranjeros y a una de Nicaragua, que trabajan para medios internacionales, según un reporte del medio centroamericano Expediente Público.
Según la red internacional de organizaciones Voces del Sur, en el primer semestre de 2022 ocurrieron 529 agresiones contra la libertad de prensa en Nicaragua.
Desde abril de 2018 Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y que se agudizó en noviembre pasado, cuando Ortega y Murillo fueron reelegidos en sus cargos, con siete de sus rivales en prisión y dos en el exilio.
