El trágico suceso en el que el suboficial mayor Santiago Figueredo Santacruz fuera asesinado durante un asalto mientras custodiaba un transporte de valores, genera la reacción ciudadana sobre dicha tarea asignada a policías, tarea considerada como negocio de los comisarios y recaudación “para la corona”.
Nelly Cortesi, de la Coordinadora de Familiares de las Fuerzas Públicas, manifestó que hoy presentan una nota en la Comandancia de la Policía Nacional y en el Ministerio del Interior, exigiendo una reglamentación y protocolo para la custodia policial de caudales de bancos u otras entidades financieras.
En ese sentido, repudió el violento hecho en el que perdió la vida el agente policial y reclamó a los altos mandos de la Policía sobre la práctica de guardias privadas que realizan los efectivos policiales. Calificó el hecho como una práctica para recaudar fondos para la corona.
Tras el mortal asalto del que fue víctima el suboficial mayor Figueredo, que prestaba servicio en la Comisaría 11ª Metropolitana, el comisario Richard Rodas, entonces jefe de esa dependencia policial, indicó que el agente acudió a un pedido de traslado de caudales de la empresa Bingo Park, ya que tiene conocido en dicha empresa que lo llamaban siempre para el servicio.
“El personal es conocido de la empresa (Bingo Park) y cuando tiene algún tipo de traslado de caudales, generalmente le solicitan a él para que les acompañe”, dijo.
DESTITUIDO. Horas después, el comisario Rodas fue destituido de su cargo. Esto, atendiendo a versiones de que el caso se trató de posible guardia privada, que es ilegal.
Las guardias privadas por parte de la Policía Nacional son una vieja práctica que realizan los uniformados, especialmente en zonas comerciales.
La Resolución Nº 522 del comandante de la Policía Nacional, del 17 de setiembre de 2019, dispone la restricción del comisionamiento del personal policial a otras instituciones públicas o privadas. De esta manera, los uniformados ya no podrán encargarse de la seguridad de entidades financieras, locales de juegos de azar y hasta de comercios.
Según el documento, los uniformados no pueden ingresar dentro de recintos a realizar vigilancia. “El incumplimiento de la resolución puede significar una sanción de arresto de 5 a 20 días e incluso la baja”, menciona el escrito.
