Por Alfredo Boccia Paz - galiboc@uhora.com.py
Un año después de la masacre es posible juzgar con menos pasión lo ocurrido en Curuguaty. Hoy es posible afirmar que ni la Fiscalía ni la Justicia pasaron el examen. Pero, ¿lo pasó la prensa paraguaya? ¿Ha investigado e informado con ecuanimidad, rigor y objetividad sobre las posibles causas y responsables de la masacre?
El debate se presta a distintas miradas y solo intentaré una aproximación a ciertos aspectos en los que algunos periodistas se tragaron una película prefabricada de los hechos. No me referiré a aquellos que hicieron militancia política, montados en la intencionalidad manipuladora de sus medios.
La explicable confusión informativa de las primeras horas dio paso a la ligereza acrítica de asumir como cierta la versión oficial por muchas semanas más. Empezando por el error de reconocer como propietario de las tierras en litigio al exsenador Blas N. Riquelme, pese a la inexistencia de documentos. Hasta hoy persiste un conflicto judicial con el propio Estado paraguayo, que se atribuye la titularidad de las mismas.
El tema no es menor, pues está en el origen mismo del enfrentamiento, determina la legalidad del propio proceso judicial y la legitimidad de los actores. Prueba de ello es el esfuerzo por instalar mediáticamente el nombre de Campos Morombi -por sobre el verdadero de Marina Cué- a dicho lugar. A partir de allí, buena parte del periodismo repitió con pocos cuestionamientos el escenario construido por el fiscal y la familia: los campesinos eran invasores de una propiedad privada y emboscaron violentamente a los policías que intentaban un desalojo pacífico.
Solo que esta versión única está perforada por decenas de incongruencias y contradicciones en la investigación fiscal. Hubo disparos de armas automáticas que no se encontraron, los campesinos portaban viejas escopetas que, salvo una, no habían sido disparadas y se partió de una hipótesis preconcebida a la cual se adaptaban las evidencias, entre otras cosas.
Con gran esfuerzo, una investigación paralela logró posicionar las debilidades de la investigación del fiscal Rachid. Pero, en general, la cobertura de los medios dio mucho mayor fuerza a un enfoque que -de modo sutil, pero constante- estigmatiza a los campesinos como haraganes, conflictivos y violentos, dejando poco espacio a las otras hipótesis de lo que pudo haber ocurrido hace un año.
Sigue faltando la gran investigación periodística sobre las muertes de Marina Cué.
Estamos frente a un caso judicial que tiene condena asegurada, sin que importen las pruebas que se aporten.
La masacre justificó la destitución de un presidente y hay poco interés en aclararla. Salvo que la ciudadanía se haga escuchar. Lo podrá hacer solo si la prensa le ofrece información veraz. Por eso este debate es saludable. Quizás la historia de Curuguaty aún no haya terminado.
