La primera reacción frente a esto fue de asombro, ¡quéee!; la segunda de indignación, “¿qué nos pasa como país?, la siguiente fue de mucha vergüenza: Cómo, si nos vanagloriamos de nuestro bilingüismo y de nuestra sangre indígena, de la raza/garra guaraní, de nuestra condición de multiculturalidad y de país pluriétnico y compañía. ¿Entonces?
La información nos restregaba descarnadamente uno de miles de ejemplos de ineficiencias y fragilidades institucionales que se perpetúan y que nos escandalizan esporádicamente cuando alguien se anima a denunciarlas, hasta que una siguiente denuncia, tanto o más enervante, termina devorando a las anteriores y así, hasta que la gente se autoconvence, impotente, de que nada cambia.
Lo que expone la noticia de referencia es demasiada desgracia para un solo ser humano que además se halla en situación de múltiple vulnerabilidad por ser niña, indígena, pobre, y vivir en el campo donde los controles son inexistentes y el ciudadano está más cerca de “a la buena de Dios” que a ser respetado en sus derechos.
Lo que la breve noticia nos cuenta es un exceso de injusticia, desprotección y revictimización por falta de empatía, por el desdén, la irresponsabilidad, discriminación e incumplimiento de los derechos de los niños que, en teoría, según el paradigma del interés superior del niño, deberían prevalecer y ser observados estrictamente. Más aún, cuando se trata de minorías, como en el caso de referencia en que la víctima es una nena indígena.
La madre de la niña refirió que en abril denunciaron el abuso y hasta la fecha –es decir a 8 meses– no tomaron declaración a la víctima porque “los sicólogos de la Fiscalía no hablan ni comprenden el idioma guaraní”.
Si esto es así, es inadmisible, más aún tratándose de localidades del interior del país donde este es el idioma predominante. Aunque no sorprende. Sin embargo, cuando se pone el empeño en el trabajo y, como suele ocurrir en ciertas instituciones que a diario afrontan todo tipo de necesidades, los funcionarios con verdadera vocación de servicio buscan la manera de suplir lo que no hay, porque lo que buscan es brindar alivio, esperanza, y que los derechos de las personas no queden en los enunciados.
Es difícil creer que en todo el Ministerio Público no exista un sicólogo o una sicóloga que hable guaraní, ¿será que la fiscala puso el empeño para averiguarlo y solicitar que envíen a ese alguien, si existe?
La progenitora de la niña también lamenta que la familia ni siquiera fue asistida por un profesional del derecho, algo que no debe estar condicionado al estatus o a la situación económica de la gente. De hecho, existe la Defensoría Pública.
¿Será que la fiscala del caso le informó sobre estos recursos a la madre de la niña?
Cuando estamos ante situaciones que tienen que ver con niños y que no deberían ocurrir, es que seguimos cuestionándonos acerca del funcionamiento del Sistema Nacional de Protección y Promoción de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Sobre todo por permitirse este tipo de despropósitos.
Y surge la necesidad de respuestas acerca de qué tanto fomentan las facultades de Derecho en sus estudiantes el voluntariado, el servicio a la sociedad, para que al menos ayuden a poner en evidencia las desatenciones, discriminación y falta de interés de los agentes de justicia hacia casos como el de la niña abusada. Como sea, es absurdo dejar de procurar justicia para una niña, solo porque entre quienes deben intervenir para ello, no hablan guaraní, en la tierra guaraní.
