“La solicitud fue enviada atendiendo la inquietud de los ciudadanos de la zona que señalan que el islote frente a la Isla, que sirve para la biodiversidad, prácticamente ya estaba desapareciendo por los trabajos de refulado”, indicó el concejal Derlis Larroza, quien presentó la propuesta ante el pleno.
Agregó que cuentan con imágenes satelitales de cómo era antes y cómo quedó posterior a la obra que se está desarrollando. “Prácticamente la mitad del islote ya estaba desapareciendo y decidimos enviar el pedido de informe para que puedan accionar”, señaló.
Lamentó que hasta el momento no recibieron respuesta y aseguró que presentará otro pedido para insistir. También sostuvo que planteará una solicitud de informe de planos del proyecto del complejo hotelero, turístico y casino, cuyo proponente es Vimérica SA, a los municipios de las ciudades de Limpio y Mariano Roque Alonso.
RESPUESTA. Desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) señalan que no encontraron en el correo ni en la mesa de entrada la nota que debe contar con acuse de recibo.
Este mes el Ministerio Público imputó a Rodrigo Iturralde, representante legal de la firma Vimérica SA, y Paul Norman Helmers, propietario de la empresa de Refulados Signature.
Desde el ente habían señalado que se tiene la sospecha de que los trabajos de refulado aparentemente se realizaron en una zona no contemplada dentro de su estudio de impacto ambiental aprobado.
El Mades además dispuso sobreseer y archivar un sumario, en diciembre del 2019, por supuesta infracción a la Ley de Recursos Hídricos, tras basarse en el estudio técnico presentado por la propia empresa en el que se señala que la intervención se dio en un banco de arena y no en un islote.
Rechazo. La Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública del Senado se opuso a que dentro del proyecto de resolución por el cual se solicitaban informes a instituciones, como Mades, municipalidades y a la firma Vimérica SA sobre el megacomplejo, se incluya a la empresa inversora que debía responder una serie de cuestionamientos claves.
El senador Gilberto Antonio Apuril, quien integra la comisión, argumentó que se basaron en las normativas como el derecho a la inviolabilidad del patrimonio documental y la comunicación privada.
Por su parte, el senador Ramón Ayala señaló que con esto se deja mal un precedente ya que cuando haya otra cuestión de orden público, que involucre a empresas privadas, el pleno del Senado no podrá pedir información. “Entonces no cumplirá con su deber de velar por la observancia y la constitución de las leyes”.
En tanto que el senador Sergio Godoy explicó que la Constitución Nacional sí autoriza a solicitar informes a las entidades privadas.
