EFE
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) confirmó que el Juzgado Octavo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México emitió una “opinión jurídica favorable en el sentido de que es procedente la extradición” del capo para que enfrente cargos en un tribunal de Texas.
El líder del cártel de Sinaloa es acusado por la Corte Federal de Distrito para el Distrito Oeste de Texas de asociación delictiva, delincuencia organizada y narcotráfico por su intención de importar y distribuir 5 kilos o más de cocaína y 1.000 kilos o más de marihuana.
También afronta en ese mismo tribunal cargos por lavado de dinero, homicidio y posesión de armas de fuego, detalló el CFJ en un comunicado.
Uno de sus letrados, José Refugio Rodríguez, dijo a Efe que el viernes recibió la notificación de la opinión jurídica sobre “la otra (petición de) extradición que faltaba”.
Esta opinión se suma a la emitida el pasado 6 de mayo, en la que otro juez federal de México respaldó la extradición a EE.UU. para que la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de California procese a Guzmán por asociación delictiva para “importar y poseer con la intención de distribuir cocaína”.
El siguiente paso recae en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que tiene 20 días hábiles desde que recibe las opiniones jurídicas para decidir si extradita o no al jefe del cártel de Sinaloa, una de las organizaciones delictivas más poderosas de México.
Refugio recordó hoy que la segunda interpretación jurídica es, como la primera, un “trámite meramente de la extradición” y por ello no “tiene efectos ejecutivos”.
“Estamos tranquilos, es parte del procedimiento”, señaló el defensor.
Una vez que la SRE avale formalmente la extradición, la defensa tendrá un plazo de 30 días para interponer un amparo y el proceso judicial para su entrega a EE.UU. podría tardar más de un año.
Este recurso puede ser contra la fundamentación y motivación de la decisión judicial o contra la inconstitucionalidad de la ley o el tratado de extradición entre ambos países.
La defensa de Guzmán señaló la semana pasada que busca retrasar la extradición del capo a EE.UU., incluso hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia, en tanto logran un acuerdo con ese país sobre las condiciones de reclusión.
Según el abogado, el narcotraficante, que se ha fugado de penales mexicanos en dos ocasiones, no teme enfrentar la Justicia del país vecino, pero no quiere llegar sin respaldo o convenio alguno.
A falta de una resolución de la Cancillería, el interés del Ejecutivo mexicano para que Guzmán sea extraditado se ha evidenciado en múltiples ocasiones tras su recaptura el 8 de enero en su estado natal de Sinaloa, seis meses después de su fuga del penal de máxima seguridad del Altiplano.
La indicación a la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) “es acelerar el trabajo para lograr lo más pronto posible la extradición de este delincuente”, dijo el presidente Enrique Peña Nieto en el Foro Económico Mundial de Davos unos días después de la detención del “Chapo”.
Guzmán fue trasladado el 7 de mayo desde el penal del Altiplano, en el central Estado de México, a otro ubicado en Ciudad Juárez, fronteriza con EE.UU., lo que desató versiones sobre una inminente extradición.
El Gobierno alegó en un primer momento que se debía a obras en el Altiplano y desmintió oficialmente la hipótesis de la extradición dos días más tarde.
En tanto, los abogados del “Chapo” promovieron un amparo “como media preventiva” a una eventual extradición tras el sorpresivo traslado.
