Los anteriores gobiernos pudieron tener gran responsabilidad en la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de derivar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) la demanda entablada por Juan Arrom y Anuncio Martí contra el Estado, según coinciden varios expertos del Derecho, debido a que no fueron respondidos algunos traslados.
El procurador general de la República, Sergio Coscia, confirmó que hubo consultas de este organismo investigador no contestadas, y todas obran en el Informe de fondo 100/17.
No obstante, Coscia se enfoca en los alegatos finales escritos de la defensa paraguaya, cuyo plazo de presentación vence el 8 de marzo. Luego podrá concentrarse sobre un documento de “600 hojas” no respondidas, para poder tener una conclusión más precisa. “Me comprometí a investigar por qué llegamos hasta acá”, expresó.
El informe 100 del 5 de setiembre de 2017 detalla que el 14 de noviembre de 2008 la CIDH notificó a las partes sus observaciones y ofreció una “solución amistosa”.
Esta oferta fue rechazada por el Estado, el 24 de junio de 2010, y por Arrom y Martí, al día siguiente. En los años posteriores se continuaron respondiendo los requerimientos de la Comisión por ambas partes. “Siendo la última del Estado de 13 de julio de 2017, en la que solicitó una prórroga para emitir su pronunciamiento frente a documentos que se le pusieron en conocimiento, sin que a la fecha (5 de setiembre de 2017) haya remitido sus observaciones”, señala el escrito de la CIDH.
Esta respuesta fue omitida durante la gestión del procurador Roberto Moreno, el canciller Eladio Loizaga, el fiscal general Javier Díaz Verón y el ministro del Interior, Lorenzo Darío Lezcano, siendo Horacio Cartes presidente.
El informe de fondo de la Comisión, entonces, fue notificado al Estado el 12 de setiembre de 2017, “otorgándole un plazo de dos meses para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones”. El Estado finalmente rechazó las acusaciones y las sugerencias de resarcimiento para las supuestas víctimas de secuestro y tortura. La CIDH envió el caso a la Corte CIDH.
