La Sala Penal de la Corte rechazó la excepción de prescripción planteada por la defensa de Liz Paola Duarte, conocida como la secretaria vip de la Contraloría. La misma pretendía librarse de su condena en la causa.
En mayo de este año, el Tribunal de Apelación había rechazado el pedido de no ejecutar la condena en su contra por una excepción de prescripción pendiente en el Máximo Tribunal.
La conocida como la secretaria vip, Liz Paola Duarte, deberá devolver G. 160.083.711 a la Contraloría, tras quedar firme su condena de 23 meses de prisión por cobro indebido de honorarios, los que fueron suspendidos con la devolución de la citada suma.
Hay que recordar que en el citado caso, que se inició por las publicaciones de ÚH, el ex contralor de la República Óscar Rubén Velázquez Gadea fue condenado a la pena de 4 años de cárcel y la ex subcontralora, Nancy Torreblanca, a 2 años de encierro.
RECHAZO. Los ministros Luis María Benítez Riera, Carolina Llanes y Manuel Ramírez Candia estudiaron el pedido.
En el caso, señalaron que los condenados Horacio Ariel Coelho de Souza y Reinaldo Eduardo Gadea Mongelós, a través del abogado Santiago Rodas interpusieron recursos extraordinarios de casación contra el fallo del Tribunal de Apelación, y el 18 de junio del 2021 plantearon la excepción de prescripción en la causa.
Además, la condenada Liz Paola Duarte, por el abogado Álvaro Arias, interpuso recurso de casación contra el fallo de segunda instancia. Además, el 17 de junio del 2021 planteó la excepción de prescripción de la acción penal.
Sin embargo, la Sala Penal de la Corte resolvió los recursos extraordinarios de casación planteados por las distintas defensas por acuerdo y sentencia 479 del 18 de mayo del 2021, por lo que los pedidos de las defensas se hicieron luego de resolverse la casación.
Los ministros apuntan que, de esta manera, es claramente improcedente la cuestión planteada por las defensas, ya que los pedidos de prescripción se hicieron tras resolverse la casación.
Con ello, no hicieron lugar a los pedidos. Así, los condenados deberán devolver el dinero a la Contraloría.