Bien temprano, familiares de los secuestrados por el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), Edelio Morínigo y Óscar Denis, y por el EML, Félix Urbieta, se reunieron con el titular de la Corte y le entregaron una nota.
La misiva señalaba entre otras cosas que solicitaban una cumbre de poderes para devolver la libertad a los secuestrados, por lo que el titular de la Corte señaló que lo pondría a consideración del pleno.
Ya en el pleno, Martínez Simón solicitó remitir una nota al Ejecutivo para la cumbre de poderes como lo habían requerido los familiares de los secuestrados.
No obstante, el ministro César Garay señaló que en cuanto a la solidaridad cristiana y humanismo acompañaba a las familias de los secuestrados.
Alegó que las funciones de cada poder del Estado eran exclusivas y excluyentes, por lo que el Poder Judicial “no tenía la función de velar por la seguridad pública, sino por la seguridad jurídica”, por lo que mal podrían pedir una cumbre de poderes.
El ministro Eugenio Jiménez se adhirió al ministro Garay, ya que los argumentos eran imposibles de contradecir, por lo que se adhirió a la solidaridad. La ministra Gladys Bareiro en el mismo sentido, sobre solidarizarse, pero tenían una función constitucional. La seguridad pública era función del Poder Ejecutivo.
Esto fue apoyado por todos, por lo que se decidió solidarizarse con los familiares como Corte Suprema y que estaban atentos como órgano de juzgamiento de estos casos.
Beatriz Denis, hija de Óscar Denis, había señalado que buscaban la cumbre de poderes para establecer medidas concretas para que vuelvan los tres secuestrados.
