La Sala Constitucional de la Corte hizo lugar al desistimiento de la acción presentada por el actual fiscal general, Emiliano Rolón Fernández, en la acción planteada por su antecesora, Sandra Quiñónez, para evitar ser auditada por la Contraloría.
La resolución fue firmada por los ministros César Diesel, Víctor Ríos y Alberto Martínez Simón, quienes señalaron que el desistimiento se encuadra dentro de lo establecido en el artículo 166 del Código Procesal Civil.
En el caso, la ex fiscala general, Sandra Quiñónez, había presentado en el año 2019 una inconstitucionalidad en contra de la Ley 2248/2003 “Que modifica el artículo 3 de la Ley 879 del 2 de diciembre de 1981, Código de Organización Judicial”.
En la acción, el 25 de febrero de ese año, la Corte le dio trámite al pedido, a más de ordenar la suspensión de los efectos de la normativa, con lo que, con ello, la Contraloría no podía auditar las cuentas de la Fiscalía General del Estado.
Después, el 29 de marzo pasado, el propio fiscal General acudió hasta la Secretaría de la Sala Constitucional de la Corte para presentar el desistimiento de la acción, como nuevo titular del Ministerio Público.
Así, finalmente, los ministros estudiaron la solicitud. Indican que el artículo 10 del Código Civil autoriza la renuncia de los derechos conferidos por las leyes, con tal que solo miren el interés individual y no esté prohibida su renuncia.
Además, remarcan que el artículo 166 del Código Procesal Civil prescribe que en cualquier estado de la causa, el actor puede desistir de la acción que ha promovido. Este desistimiento impide renovar en el futuro el mismo proceso, e implica la renuncia del derecho respectivo.
Dice también la normativa que “el juez se limitará a examinar si el desistimiento es procedente por la naturaleza del derecho en litigio, y a dar por terminado el proceso en caso afirmativo”.
Es así que en caso afirmativo, los ministros hicieron lugar al desistimiento de la acción penal requerida por Rolón Fernández a la Sala Constitucional del Máximo Tribunal de la República.
Asimismo, disponen el levantamiento de la medida cautelar de suspensión de los efectos de la ley atacada de inconstitucional. Con ello, la causa queda archivada.
CONSECUENCIA. El efecto directo de la resolución es que la Contraloría tiene vía libre para la auditoría de las cuentas del Ministerio Público, al no haber ya una medida cautelar.
Esto, de hecho, ya lo estaba haciendo porque el mismo, el fiscal general les había permitido la entrada a los auditores de la Fiscalía para comenzar su trabajo de revisar la documentación de la administración de Sandra Quiñónez.
Al presentar su pedido ante la Corte, Emiliano Rolón había señalado: “Asumimos la necesidad de desistir de la acción para que se destrabe el tema y finalmente pueda hacer que la política de puertas abiertas y transparencia sea real en el Ministerio Público”.
“Yo creo oportuno rescatar la idea de que la Contraloría tiene una misión constitucional y la tarea del Tribunal de Cuentas es distinta a la función de juzgar. Ambas actividades no deberían ser disímiles, sino, por el contrario, deben servir para una mejor transparencia de las gestiones”, afirmó.
De esta manera, Quiñónez presentaba su rendición de cuentas ante el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, para que realizara el juzgamiento de su administración al frente del Ministerio Público.
En estos momentos, la Contraloría se encuentra en pleno trámite de auditoría de la administración de Sandra Quiñónez, por lo que aún no se tienen resultados de los profesionales.
La política del nuevo fiscal general, Emiliano Rolón, hasta el momento, fue de puertas abiertas, muy diferente a su antecesora.
Rolón anuló los nombramientos
El fiscal general, Emiliano Rolón, como primera medida de su administración, había anulado los ascensos y nombramientos de funcionarios del Ministerio Público que fueron dispuestos por su antecesora Sandra Quiñónez, desde diciembre del 2022 al 8 de marzo del 2023, un día antes de que tomara posesión del cargo. Según había informado Rolón, era por la gran cantidad de movimientos en el anexo del personal.
