En su decisión de abril de 2008 sobre el caso “Baze vs. Rees”, el más alto tribunal del país concluyó que la inyección letal no se oponía a la Octava Enmienda de la Constitución, que prohíbe cualquier “castigo cruel e inhabitual”. Pero desde entonces cambiaron los barbitúricos empleados para matar a los condenados tras el rechazo de los laboratorios farmacéuticos –en particular los europeos– a suministrar sus productos para realizar ejecuciones.
Ante la falta de esos fármacos, los 32 estados norteamericanos en los que está en vigor la pena capital recurrieron a medicamentos no homologados y a grupos farmacéuticos no homologados, pero se niegan a develar su fuente de aprovisionamiento.
“Dada la falta de transparencia, no es sorprendente que solo en 2014 hayamos asistido a tres ejecuciones muy cuestionadas”, dijo Megan McCracken, experta en materia de inyección letal.
Dennis McGuire murió el 16 de enero del 2014, 26 minutos después de haber quedado sofocado. El 29 de abril Clayton Lockett sucumbió en Oklahoma al cabo de 43 minutos de estertores y gemidos. Joseph Wood pereció el 23 de julio en Arizona 117 minutos después de recibir la inyección letal, cuando lo habitual es que no transcurran más de 10 minutos. afp