Siete funcionarios administrativos presentaron una acción de inconstitucionalidad contra la Ley N° 6313/19 que autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, la modificación de la programación de los montos de los ingresos, gastos, la transferencia de créditos y el traslado del personal de la Cámara de Diputados al Ministerio de Salud Pública dentro del Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2019.
Como respuesta a esta acción, los ministros de la Corte Antonio Fretes y Miryam Peña emitieron una resolución el 20 de diciembre del año pasado, como medida cautelar, suspendiendo los efectos de la ley hasta tanto se resuelva la inconstitucionalidad.
Esto significa que los siete funcionarios deberán retornar a Diputados (donde estaban originalmente), por el momento, y en caso de que se rechace la acción, tendrán que volver al Ministerio de Salud.
Los funcionarios son Irma Lucía Cáceres González, Marciana Bareiro Giménez, Pabla Elvira Pavón, Irmina Marlene Monges Frente, Vanessa María Violeta Rivas Caló, Myrian Fernández de Jara y Fernando Ismael Da Silva Sánchez.
El abogado que representa a los funcionarios, Eduardo Pérez Avid, dijo que lo que corresponde a partir de la medida es que los rubros de estos cargos sean de nuevo trasladados a la Cámara de Diputados, tarea que fue asignada a Salud y Hacienda, que ya fueron notificados de la resolución.
Por su parte, el director de Recursos Humanos de la Cámara de Diputados, Julio César Cabrera, aseguró que el proceso terminó y que los funcionarios ya no forman parte de la institución.
La Corte dio trámite a la acción y corrió vista a la Fiscalía para un dictamen, lo que no es vinculante.
Posteriormente, debe retornar a la Corte, que deberá volver a integrar la Sala Constitucional debido a la jubilación de Miryam Peña.
LA CLÍNICA. La Cámara de Diputados contaba con un Departamento Médico hasta el año pasado, con 23 funcionarios de blanco permanentes y seis contratados, pero por ley fue desmantelado y todos fueron trasladados al Ministerio de Salud, que fue asignado como encargado de pagar sus salarios.
La Dirección Médica llevaba más de 20 años de vigencia y fue muy cuestionada por contar con muchos especialistas que podrían prestar servicios en hospitales públicos, debido a que en Diputados no se precisa de tantos médicos.
En el plantel se encontraban odontólogos y hasta una obstetra, que ni siquiera contaban con los equipos necesarios.
Una de las que también ocupaban un cargo en la dependencia era Perla Paredes Acosta, hija de la ex diputada Perla de Vázquez.
La misma había sido denunciada y enfrentó un proceso judicial por no acudir a varios puestos laborales que tenía al mismo tiempo.
TAMBIÉN EN LA CORTE. No solo en la Cámara de Diputados se contaba con una clínica. La Corte Suprema fue cuestionada por haber montado un minihospital.
Tras las críticas, decidieron reducir su plantel médico.
Contaban con 23 médicos, 15 odontólogos, 17 nutricionistas, 34 enfermeras, paramédicos y choferes, más 8 empleados administrativos, sumando un total de 97 trabajadores.
SUPERPOBLADOS. Uno de los cuestionamientos fue que todos los funcionarios del Estado cuentan con seguro médico privado e igualmente se montan clínicas superpobladas.
Ante un pedido de informe de la Cámara de Diputados, se encontraron que siete instituciones como MOPC, Essap, ANNP, Mades, entre otros, contaban con 34 odontólogos y 21 sicólogos en total.
Desde la Cámara Baja se tuvo la iniciativa de cortar estas cifras y trasladar a los funcionarios a Salud.
Se pidieron informes también a las entidades de Itaipú y Yacyretá, a los ministerios de Industria y Comercio y Hacienda, y al Registro de Automotores.
