Una de las razones principales del nivel de corrupción al que se ha llegado es la impunidad reinante. Las autoridades locales perciben que el costo de ser corrupto es cero, por lo que ya están completamente desprovistas de algún tipo de vergüenza o miedo. Cada vez es más evidente que están convencidas de que pueden hacer lo que quieran y que ello no tendrá ninguna consecuencia judicial.
Todo el Sistema Judicial está comprometido con esta percepción. La ausencia de castigos en casos anteriores ha sentado un terrible precedente, lo que hizo que cada vez sea más alevoso el nivel de robo a la cosa pública.
El segundo problema es que las municipalidades no están incorporadas a todos los mecanismos que facilitan la transparencia de su gestión, como el sistema presupuestario. El Poder Legislativo debe analizar la normativa y proponer y aprobar los cambios necesarios para obligar a las municipalidades a incorporarse a todos los instrumentos que permitan acceder en tiempo real a sus gestiones. De esa manera, el sistema presupuestario, el sistema de contrataciones públicas y el sistema tributario tendrán mayor facilidad para detectar operaciones dudosas y la ciudadanía tendrá acceso a mayor información.
El Poder Ejecutivo no está exento de responsabilidad. No puede ser que solo después del reciente escándalo suscitado en la Municipalidad de Asunción la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y la Subsecretaría de Tributación hayan reaccionado. O fallaron los sistemas de control o fallaron las personas que tienen la responsabilidad de analizar la información de manera oportuna y con calidad.
Estas instituciones públicas tuvieron que haber tenido alertas de manera a impedir que los montos malversados sean tan altos. La situación es grave. Indica que durante todo un año un intendente pudo hacer lo que quiso con los fondos públicos y casi dos años después saltó el problema por acción de la ciudadanía y no de los organismos públicos que tienen competencia para detectar irregularidades.
Es inconcebible que solo después de los escándalos las instituciones que forman parte de la administración de los recursos aparezcan dando conferencias de prensa dando cuenta de las evidencias.
La Junta Municipal no se queda atrás en la desidia. Esperemos que de estos escándalos haya un aprendizaje, ya que muchos concejales fueron cómplices o al menos actuaron con indiferencia ante tamaña situación. Si no se cuenta con toda la información que avale los reportes que envía el intendente, se deben rechazar. No hay espacio ni para la aprobación ni para la abstención. Por otro lado, la Junta Municipal cuenta con mecanismos legales para acceder a la información y si se le es negada podría recurrir a la misma ley que posibilitó finalmente el acceso de la misma.
El caso de Asunción es emblemático, porque fallaron todas las instancias que tienen alguna competencia en el control de los fondos públicos, y antes que eso el Poder Judicial, por no haber dado señales claras penalizando la corrupción. El Poder Legislativo debe, con suma urgencia, revisar qué está fallando en el marco normativo y proponer los cambios necesarios para cortar de raíz la corrupción a nivel local.
