En el video, captado desde lo alto de un edificio, se ve a un ciudadano con las manos atadas en la espalda, obligado a correr por una calle céntrica, seguido por varios policías montados a caballo. Posteriormente se pudo confirmar que se trataba de un joven de 21 años, llamado Cristian Servín, quien fue aprehendido en el centro, acusado de ser uno de los que causaron daños con acciones de vandalismo. En varias declaraciones, Servín negó haber participado y aseguró que lo detuvieron en las calles, le dispararon con balines de goma, le ataron las manos a la espalda y lo obligaron a correr por las calles, frente a los caballos, a manera de “castigo”, para luego ser llevado a un lugar de reclusión.
La abogada Diana Vargas, especialista en derechos humanos, calificó la acción policial como “terrorismo de Estado” y una forma de tortura, prohibida por la Constitución. “No puede el Estado perseguir hechos punibles cometiendo otros, porque el uniformado lo está haciendo en nombre del Estado. ¿Con qué legitimidad el Estado va a pedir que se cumplan las normas, cuando quienes están doblemente obligados a hacerlo no lo hacen?”, cuestionó.
No fue el único caso de irregularidad que se pudo evidenciar en esa noche. En el mismo escenario en que se produjo el condenable ataque a la sede de la ANR, varias personas grabaron a un hombre corpulento, con chaleco antibalas, que salía a realizar disparos con una escopeta en dirección a los manifestantes. Aunque el propio ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, y varios jefes policiales se negaron durante mucho tiempo a confirmar la identidad del hombre armado, se pudo saber que se trataba del suboficial Jorge Romero, un policía asignado a brindar seguridad al local partidario.
A los hechos que violan los propios protocolos judiciales y disposiciones inconstitucionales, hay que agregar otras actuaciones desproporcionadas y poco profesionales que, en lugar de contener los excesos y disturbios, solo enardecen aún más a los manifestantes. En la primera gran movilización ciudadana del viernes 5 de marzo, junto al edificio del Congreso se pudo notar claramente en las grabaciones de video que, en lugar de neutralizar a unos pocos manifestantes radicales que intentaban forzar las vallas de seguridad, la Policía reaccionó atacando con gases lacrimógenos, balines de goma y chorros de agua a la gran mayoría de quienes se encontraban allí, principalmente ciudadanos pacíficos, incluyendo a mujeres y niños.
A más de tres décadas de la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner, gran parte de la Policía mantiene los perversos hábitos del régimen represor, algo que debe cambiar si se quiere pregonar que “la paz es el único camino”, como expresan en carteles que cuelgan de sus carros hidrantes. Cambiar al comandante de la Policía Nacional no soluciona nada si no se cambia la mentalidad.