Si bien San Cristóbal aún no informó oficialmente de los resultados aprobados en el marco de la más reciente asamblea, es de señalar que el delicado escenario de la entidad ya fue corroborado previamente por el propio ente regulador, en el marco de la intervención que se concretó el año pasado.
“Estamos esperando el informe (...), pero sabemos que la pérdida es importante. Son los reconocimientos de todo lo que no se hizo (en referencia a los balances “maquillados” de la gestión del ex presidente Juan Carlos Ozorio) y que obligatoriamente por la intervención se actualizaron los datos”, manifestó.
Loblein resaltó que las normas vigentes permiten diferir cargos, pero que también se puede dar el enjugamiento de las pérdidas por parte de los socios. En ese sentido, cabe recordar que San Cristóbal reportó una pérdida de unos USD 7,5 millones en el ejercicio 2022 y que si suman los cargos diferidos a los próximos 10 años se alcanzan los USD 18 millones.
Para hacer frente al resultado negativo del año pasado, en parte se utilizaron las reservas, pero un saldo de USD 4,2 millones deberá ser absorbido por los socios a través de los aportes, de una manera proporcional.
“Realmente ellos tienen que hacer un esfuerzo muy grande para recuperarse”, sostuvo el titular del Incoop.
Cabe recordar que la intervención de la cooperativa San Cristóbal había permitido conocer que la entidad concretó varias operaciones dudosas que involucran a personajes como el diputado y futuro senador Basilio Bachi Núñez. Solo el legislador accedió a un préstamo a sola firma de G. 1.020 millones, sin reunir los requisitos para el efecto, según los datos del Instituto Nacional de Cooperativismo.
Ante lo sucedido, a principios de este año San Cristóbal presentó 3.000 demandas para reclamar las cuentas de socios morosos y preparaba otras 1.000 acciones, con la intención de recuperar todo lo que se pueda del dinero que se extrajo de la institución.
Fantasma. Por otro lado, otro factor de preocupación en la cooperativa es el “fantasma” de Juan Carlos Ozorio, salpicado en el sonado caso A Ultranza Py. La cúpula directiva de la entidad fue renovada recientemente y parte de los socios señalan que existen vínculos de las nuevas autoridades con el grupo que anteriormente era Tenonderã, aunque allegados a los directivos señalados niegan estas acusaciones.
Los créditos otorgados en su momento por vía del Consejo de Administración afín a Ozorio para “amigos” eran vistos como inviables desde el punto de vista administrativo y, pese a eso, sumaron un monto que sobrepasa los G. 72.000 millones (USD 10 millones al cambio de actualidad), con una tasa de morosidad promedio que sobrepasa el 60%.