Editorial

Control del financiamiento será posible y depende del Congreso

En una sesión extraordinaria del Senado serán tratadas esta mañana las modificaciones a la ley de financiamiento político y, de aprobarse el “proyecto Vallejo”, que determina la incorporación de los partidos políticos como sujetos obligados, conforme a la ley, para prevenir la utilización de la actividad política como vía para lavar dinero, se habrá dado un gran paso. Pero todo dependerá de Diputados, si decide volver a reunirse con premura para aprobar este proyecto, en vez de volver a destrozarlo. Sería un avance importante para el país y su futuro, que ya está comprometido por la utilización del dinero sucio en nuestra política. Todo un país espera que hoy sus representantes voten a favor de la transparencia.

De la misma manera en que tantas veces nos hemos referido a las posibilidades de clasificación de nuestra querida Albirroja, hoy tenemos que decir que “matemáticamente” todavía es posible que en el Paraguay se pueda controlar y evitar el uso del dinero sucio en las internas previas a las municipales. En la sesión extraordinaria del Senado de esta mañana se tratarán las modificaciones a la ley de financiamiento político y, de aprobarse el “proyecto Vallejo”, pasará nuevamente a Diputados.

Si la Cámara Baja se reúne prontamente, y aprueba estas modificaciones, quedará en manos del presidente Mario Abdo Benítez la promulgación a tiempo, justo antes de que el 6 de marzo se convoque a elecciones internas de los partidos (mes de julio), para las elecciones municipales (mes de noviembre). La ley debe estar vigente antes de esa convocatoria; así que, como se ve, todo depende de la voluntad política de nuestros parlamentarios y del presidente de la República, de quien se espera que baje línea a sus correligionarios y haga una decidida apuesta por la transparencia y contra la corrupción.

En el proyecto de la diputada Rocío Vallejo se incorporaba a los partidos y movimientos políticos como sujetos obligados, conforme a la ley, para prevenir la utilización de la actividad política como vía para lavar dinero. Se propone que cada candidato haga una rendición al inicio, a la mitad y al final de la campaña sobre los ingresos, el origen de los mismos, quién le está dando el dinero, con la identificación correcta; así también los gastos en los que se incurrió.

Hace pocos años, el Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep) alertaba que la vinculación de políticos y autoridades con el narcotráfico podría generar una fractura del Estado, porque las estructuras delictivas se estarían convirtiendo en un poder paralelo al oficial y generarían un grave peligro. “El peligro es que esa relación entre el Estado y estos poderes delictivos, que son un Estado en paralelo, con poder, con potestad de imponerse a través de la violencia, no constituya una transgresión, excepcionalidad o circunstancialidad, sino llegue a conformar en el Paraguay una estructura estable de coexistencia violenta, no excluyente, sino complementaria”, señalaba el informe.

Con los cambios que fueron realizados por los diputados al proyecto, se elimina la responsabilidad individual de los candidatos, todo queda en manos de los movimientos, y así el desbloqueo de listas no será suficiente para asegurar la renovación de las listas de los partidos, y nuevamente accederán solo quienes tengan más dinero, sin importar sus orígenes. Lo que nos lleva a una idea formulada por el politólogo Marcello Lachi: “Ser un buen político en Paraguay no es garantía de ser elegido por el voto popular”.

El presidente de la República debe mostrar con hechos que verdaderamente apoya la transparencia. Si el Paraguay quiere ser un país serio, y quiere ser tomado en serio, debe iniciar el control del dinero utilizado en las elecciones internas de los partidos. La narcopolítica es un peligro para nuestra soberanía y para nuestra democracia.

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