La nueva normativa, en estudio y que será presentada luego al Congreso Nacional, también propone optimizar las evaluaciones de los oferentes, brindar mayores herramientas para la competitividad de los proveedores, evitar las empresas de “maletín”, optimizar los controles entre la DNCP y el Ministerio de Hacienda, mejorar el acceso a la información pública a través de los datos abiertos, entre otras mejoras dentro del sistema interno del ente, según detalla Seitz.
La ley actual registra un “bajo promedio de ofertas presentadas”, mientras que la reforma prevé la “obligatoriedad de un mínimo de ofertas”, además de incorporar “ajuste de los pliegos para ampliar la participación”, para lograr así “optimizar el uso de recursos del Estado, incentivar una mayor participación de empresas y favorecer la adjudicación a precios competitivos”, expresó el directivo.
La propuesta también apunta a compras “más eficientes” que agilizarán los trámites de contratación y a mejorar las licitaciones por la vía de excepción, evitando así “situaciones de riesgo”.