Bajo la lupa. Por la supuesta presentación de un documento de contenido falso, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) finalmente abrió un sumario contra la empresa Potî SA, de Alberto Palumbo.
La previsional denunció en setiembre pasado ante el ente regulador la presentación de supuestos documentos “falsos”, en el marco de la licitación de la contratación de servicios de limpieza e higienización para las distintas dependencias del seguro social, en la cual Potî fue descalificada por los legajos supuestamente “apócrifos”.
En caso de que Contrataciones detecte que la documentación presentada por Potî SA fue “manipulada”, el proveedor se expone a sanciones administrativas, como un apercibimiento por escrito o la inhabilitación como oferente por un plazo de tres hasta 36 meses.
El apercibimiento es un llamado de atención por escrito. En cambio, la inhabilitación consiste en que no podrá presentar ofertas o firmar contratos no solamente con IPS, sino que con cualquier institución pública, explicó el director de Contrataciones, Pablo Seitz.
Tras años de monopolizar la tercerización del servicio de limpieza en los hospitales del seguro social, Potî SA fue descalificada por el hecho denunciado y ya no cuenta con contratos vigentes con el IPS, según datos de la DNCP.
DOBLE PROCESO. Antes de la apertura del sumario, la Dirección de Contrataciones Públicas procesó dos procedimientos: el primero, la protesta de Potî SA y Berclean SA, y el segundo, la denuncia del IPS por la documentación con supuesto contenido falso.
La DNCP decidió rechazar el 7 de diciembre pasado la protesta de Potî SA en contra de la adjudicación de la LPN SBE 88-22 Contratación de servicios de limpieza e higienización para las distintas dependencias del IPS.
Posteriormente, en la investigación de oficio –solicitada por el IPS–, ordenó la remisión del caso al Departamento de Sumarios.
HECHO. El Instituto habilitó que los oferentes puedan subcontratar servicios de limpieza y esterilización profunda para la licitación LPN SBE 88-22 Contratación de servicios de limpieza e higienización para las distintas dependencias del IPS. Para cumplir con este requisito, Potî presentó una documentación emitida por la firma Vital SA.
Pero, pese a las observaciones a la documentación por parte del IPS, la empresa cuestionada se ratificó señalando que es original.
Paralelamente, el Comité Evaluador del IPS pidió la aclaración a la firma Vital SA, que informó que no emitió autorización alguna para el suministro de los servicios de limpieza y esterilización a favor de la firma Potî SA, en el presente llamado.
Con estos elementos, IPS consideró que la documentación presentada por Potî SA fue “manipulada”, según constan los datos en la resolución de la DNCP N° 3869/22.
ANTECEDENTES. Potî SA tiene antecedentes por amonestación de la DNCP correspondiente al 23 de marzo de 2021. “El proveedor ha incumplido con sus obligaciones contractuales por causas imputables a él y como consecuencia se ha causado daños o perjuicios a la institución contratante”, se menciona en el motivo de la sanción.
Incluso, anteriormente cuando figuraba como empresa unipersonal Alberto Palumbo registra tres inhabilitaciones en los años 2017 y 2016.
El motivo fue “el proveedor ha proporcionado información falsa, o ha actuado con dolo o mala fe en un procedimiento de contratación, contrato o en un procedimiento de conciliación o protesta”. Las inhabilitaciones fueron durante un promedio de cuatro meses.
El sumario (a la empresa) sigue. También las protestas en torno al caso fueron terminadas. Pablo Seitz, titular de la DNCP.
Deniegan información pública
Ni con el pedido de información pública garantizado en la Ley 5282/14 ni a través del Departamento de Prensa, del Instituto de Previsión Social (IPS). El seguro social sigue sin responder sobre la propuesta de denuncia penal contra la empresa Potî SA, de Alberto Palumbo, por presentar supuestamente documentos falsificados en una licitación para el servicio tercerizado de limpieza.
Hace 85 días, el director jurídico, abogado Víctor Hugo Thomas, anunció a ÚH que elevaron un informe y que propusieron al Consejo de Administración la acción de una denuncia penal.
Pese a los reiterados intentos de consultas y pedidos de entrevistas a las autoridades desde hace meses, desde el Departamento de Prensa del IPS responden que no tienen una respuesta oficial. Por ello, ÚH solicitó el pasado 2 de noviembre la información sobre el caso a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, pero el IPS no respondió en el plazo establecido de 15 días hábiles, por lo que se considera como solicitud “denegada”, según el correo remitido.
Debido a que el IPS no respondió, ÚH solicitó una reconsideración, cuyo plazo vence en 10 días.