En la reunión, el contralor confirmó también la conformación de un equipo especial para la auditoría de la deuda de Itaipú, y aseguró que el informe saldría en el primer semestre de este año, según manifestó David Campos, de Sitrande y también miembro del grupo civil.
En tanto, el ingeniero Ricardo Canese, otro de los representantes del grupo civil, sostiene que la deuda de Paraguay en Itaipú es “espuria” y que debe ser reconocida por el Brasil, además de reclamarse retroactivamente un pago de USD 1.000 millones por año desde el momento que la deuda debía ser cero.
“Se debe cumplir taxativamente lo dispuesto en el numeral 6 del Anexo C (del Tratado de Itaipú) de la verificación de las deudas en relación a lo consumido por cada parte. La deuda de capital e intereses tomada por Itaipú con el aval de los Estados debe estar cancelada para el 2023, de tal modo que el Paraguay pueda usar el 50% de la energía que le corresponde”, dijo por su parte el ingeniero Germán Escauriza, otro integrantes de la comitiva que exige resultados al ente contralor.
El colectivo ciudadano identificado como Itaipú 2023: Causa Nacional solicitó a través de una nota formal a la Contraloría General de la República la conclusión inmediata de la auditoría de la deuda de Itaipú.
En ese documento, el grupo sostiene al ente contralor que la deuda de Itaipú debió ser cero hace varios años y corresponde al Paraguay cobrar lo restante. Eso se debe, según sostienen, a que el costo del servicio no pagado a Itaipú por las subsidiarias de Eletrobras, Furnas y Eletrosul, por contratación de potencia entre 1985 y 1996 (doce años) estuvo por debajo del costo, en comparación a lo que supuestamente Itaipú Binacional le debe a Eletrobras (Brasil).
El colectivo también exige al Poder Ejecutivo y a Itaipú, lado paraguayo, que se suministre todos los documentos a la Contraloría General de la República, para que esta entidad termine de realizar la auditoría pendiente sobre la deuda de la binacional.
En ese sentido, el grupo ciudadano aclara que hasta ahora los documentos exigidos por la Contraloría a Itaipú no fueron enviados por la administración de Horacio Cartes ni de Mario Abdo Benítez.
Asimismo, el grupo exige a la Fiscalía que investigue e impute a los implicados en la entrega de la soberanía a través del acta secreta de Itaipú del 24 de mayo de 2019.
