12 may. 2025

Contraloría detecta faltante del rubro para Fonacide en Ñumí

La Contraloría General de la República emitió un informe que revela un faltante de G. 325.222.049 en la Municipalidad de Ñumi, del Departamento de Guairá, en el rubro correspondiente al Fonacide.

Tragedia.  Mientras los colegios se caen a pedazos, se dilapidan los rubros del Fonacide.

Tragedia. Mientras los colegios se caen a pedazos, se dilapidan los rubros del Fonacide.

Se informó que toda la documentación ya fue presentada ante la Fiscalía. Se acusa al intendente Elvio Cáceres por supuesta malversación.

En sus conclusiones, la Contraloría sostiene que la municipalidad no realizó controles necesarios y suficientes, autorizando pagos por cantidades superiores que resultan la diferencia entre las cantidades certificadas y las realmente ejecutadas, ocasionando un pago más en contra de los intereses de la institución.

También se agrega la falta de un eficiente y oportuno control de los trabajos por parte de la fiscalización contratada para el efecto, lo cual posibilitó el incumplimiento de las especificaciones técnicas, en los diferentes rubros, acarreando con ello la provisión de productos y servicios que no son acordes a lo ofertado.

Además se refiere que la institución presentó documentación no auténtica de aprobación de obras por parte del Ministerio de Educación y factura contable no registrada en la SET correspondiente al pago del arquitecto Carlos Codas.

Entre las recomendaciones que se sugieren se puede mencionar que las autoridades de la Municipalidad de Ñumi deberán promover las acciones pertinentes a fin de deslindar responsabilidades.

Tendrán que determinar los responsables de la ejecución de las obras con incumplimientos de las especificaciones técnicas y la producción de documentos auténticos de contenido falso “que cuentan con la autenticación de la firma de la Secretaría General”.

Así también, tienen que aplicar la sanción administrativa correspondiente de disconformidad a las disposiciones legales vigentes, y a la vez impulsar las medidas necesarias a fin de recuperar el monto pagado demás a las empresas contratistas.

Se alega que si surgen indicios de responsabilidad civil y/o penal de los funcionarios intervinientes en el proceso observado, se impulsarán trámites de rigor en al ámbito jurisidiccional con intervención de la Procuraduría.