En dicho ataque, los civiles armados procedieron también a la quema de sus precarios ranchos y a la agresión física, que derivó en varios de los pobladores heridos y dos niños indígenas con fracturas óseas en los brazos.
Querey llegó con una delegación de personal técnico de la Comisión de DDHH y de la Comisión de Asuntos indígenas de la Cámara de Senadores.
El senador relató que el asentamiento en cuestión está compuesto por una 40 familias, integradas por numerosas mujeres y niños, cuyas tierras ancestrales están siendo usurpadas bajo un ropaje judicial, con serios indicios de irregularidad e ilegalidad.
Agregó que pudo constatar cómo las plantaciones de soja han cubierto el cementerio de este pueblo indígena y los mismos se encuentran claramente acorralados.
También se constató un retén de unos 15 civiles armados en un camino público, en el trayecto a la comunidad indígena. El legislador calificó esta situación como una grave irresponsabilidad de la Fiscalía en la zona al no actuar.