Mediante el artículo 62 del documento, se estipuló que el Parlamento está exento de cumplir con la Ley de la Función Pública. Esta normativa señala que el concurso es la única vía para las promociones de cargo, los aumentos salariales, los contratos y los nombramientos.
Asimismo, los legisladores se autoexoneraron de cumplir con la Ley de Racionalización del Gasto, con lo que podrán contratar a sus hermanos, primos y otros parientes en puestos claves.
Estos apartados también benefician a entidades de cuestionada tarea, como la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y el Ministerio de la Defensa Pública, entre otros.
Como este artículo fue aprobado por ambas cámaras, quedó automáticamente sancionado, ya no pudiendo ser modificado o eliminado en segunda vuelta.
El senador Stephan Rasmussen cuestionó la aprobación de este apartado, señalando que nuevamente daría carta blanca para contrataciones y promociones en tiempos electorales. Pidió suprimirlo, pero como era de esperarse, no tuvo el respaldo de sus colegas.
Definición. El PGN 2023 está ahora en manos del Senado, en segunda vuelta.
La Cámara Alta debe volver a estudiar el proyecto de ley antes del 20 de diciembre, pudiendo ratificarse en su media sanción inicial o aceptar la versión de Diputados.
En ese sentido, la Cámara Baja arrancó la semana pasada la segunda vuelta de estudio del PGN para el 2023.
Sin mucha discusión como en primera instancia y como sugirió la Comisión de Presupuesto, presidida por el oficialista Arnaldo Samaniego, ratificó en gran parte su media sanción inicial del plan de gastos, lo que implica un monto global de G. 105,32 billones (USD 14.839 millones) y un déficit del 2,3% del PIB (ver infografía).
El PGN 2023, con lo aprobado, contempla un aumento de G. 146.863 millones (USD 20,7 millones) frente al monto enviado por el Ejecutivo y una sobreestimación de ingresos tributarios por valor de G. 156.542 millones (USD 22 millones). Esta, según el Equipo Económico Nacional, es igualmente la versión “menos peor”, ya que en Senado era mayor el descalce, el abultamiento de la recaudación de impuestos y el desembolso en sueldos.
Con esta decisión, Diputados confirmó la creación de 1.348 cargos; reajustes salariales para funcionarios del Congreso, Registro Civil, Defensa Pública, UNA y Mades; y el aumento en las gratificaciones para 425 directores.
Asimismo, aprobó un redireccionamiento de G. 116.000 millones para el Ministerio de Salud, financiados en un 50% con deuda y en un 50% con impuestos. Con ese dinero se financiará un aumento general de G. 400.000 para 42.792 funcionarios de blanco, la carrera de enfermería para 1.308 personas y la nivelación del sueldo para 3.429 personas
Descartó, por su parte, unos 1.500 nuevos nombramientos aprobados en Senado.